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Procurador imparte instrucciones precisas para garantizar la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz

 

Bogotá, 7 de junio de 2007. En ejercicio de su función como representante de la sociedad y en defensa de los derechos de las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley, el Procurador General de la Nación requirió a las entidades del Estado el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución, los tratados internacionales y la ley les imponen de cara al proceso de verdad justicia y reparación que actualmente avanza.

Tras un análisis de la normatividad vigente, la jurisprudencia y las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el Jefe del Ministerio Público al tiempo que reiteró la responsabilidad de la Procuraduría en relación con los derechos de las víctimas, emplazó al Estado todo a volcar su gestión a este propósito así:

1. A la Fiscalía General de la Nación, la exhortó para que permita el acceso de las víctimas debidamente acreditadas como tales, a las versiones libres de los miembros de las autodefensas desmovilizados, y les permita aportar pruebas y formular preguntas directamente o a través de apoderado.

2. Advierte sobre la necesidad de facilitar el acceso a los procesos judiciales a través de un adecuado emplazamiento de las víctimas, durante todo el desarrollo y antes de que se profiera sentencia, para lo cual es indispensable una amplia divulgación en las entidades públicas involucradas en el proceso, pero especialmente a través de todos los medios masivos de comunicación públicos y privados, impresos, radiales, televisivos e Internet en los ámbitos internacional, nacional, regional y local.

3. Al Defensor del Pueblo, lo instó para que en ejercicio de sus funciones garantice la representación judicial y la defensa material de las víctimas acreditadas e indeterminadas, en todas las etapas del proceso penal.

4. A las autoridades judiciales y administrativas competentes, para que desde el primer contacto con las víctimas se les de un trato digno y se les suministre la información necesaria para el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

5. A la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, para que en todas sus regionales provea a las víctimas de la asesoría jurídica necesaria.

6. Al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Policía Nacional y a la Fiscalía, para que a través del programa de “Protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía”, protejan la seguridad, la dignidad y la vida privada de las víctimas, de sus familiares y de los testigos que participen en los procesos.

7. Al Gobierno Nacional, a las autoridades judiciales y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, para que creen programas de asistencia integral a las víctimas dirigidas a su recuperación sicológica y emocional, teniendo en cuenta la edad, género, origen étnico, salud e índole del delito.

8. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las entidades que hacen parte de ese sistema, para que garanticen a las niñas, los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado sus derechos, y para que promuevan el juzgamiento y la sanción de los responsables del reclutamiento ilícito de menores.

9. Al Incoder lo insta para que actualice permanentemente el registro único de predios para difundir la información sobre los bienes protegidos en el marco de la Ley 387 de 1997.

10. A la Agencia Presidencial para la Acción Social, para que actualice y publique el listado de bienes que hayan sido entregados para la reparación de las victimas.

11. Finalmente el Procurador General de la Nación exhortó al Congreso de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Planeación Nacional para que apropien los recursos del presupuesto nacional que sean necesarios para garantizar los derechos de las victimas en el proceso penal de justicia y paz

Los anteriores llamados están contenidos en la Directiva Número 008 del 5 de junio de 2007, expedida por el Procurador General de la Nación en desarrollo de sus funciones.

A continuación el texto íntegro del citado documento:

 

DIRECTIVA NÚMERO 0008

 

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

PARA: CONGRESO DE LA REPÚBLICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL
TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL, SALAS DE JUSTICIA Y PAZ
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
PERSONERÍAS MUNICIPALES
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER

TEMA: INSTRUCCIONES PARA LA GARANTÍA DE LA PARTICIPACIÓN JUDICIAL DE LA VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 975 DE 2005 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS

Bogotá D.C., 5 de junio de 2007

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

CONSIDERANDO

Que, conforme a los tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos y derecho humanitario, suscritos y ratificados por Colombia, las obligaciones esenciales del Estado son las de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas.

Que de conformidad con los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2005), “Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como la de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencias o traumas gocen de una consideración y atención especiales, para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma”. Igualmente, disponen que “los recursos contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario incluirán el derecho de la víctima a: a) El acceso a la justicia; b) La reparación del daño sufrido; y c) El acceso a información fáctica sobre las violaciones”.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 975 del 25 de julio de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Que la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006, expresó: “(…) la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la Constitución de 1991. Pero la paz no lo justifica todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado (…)”.

Que la Ley 975 de 2005 estableció en su artículo 37 que el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia.

Que la Corte Constitucional en la sentencia antes citada, estableció que: “la aplicación de la ley debe realizarse con sujeción a los desarrollos que la jurisprudencia constitucional, con base en el derecho internacional ha efectuado respecto del alcance de los derechos procesales de las víctimas” reiterando que “ el derecho a la justicia comporta un auténtico derecho constitucional al proceso penal, y (un) derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo.”

Que igualmente ese mismo tribunal reitero en la citada decisión que “Una visión sistemática de las normas relativas a las facultades procesales de la víctima en el marco de los principios que la animan y los desarrollos jurisprudenciales vigentes en la materia, permiten concluir que, (…) la ley garantiza la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre y confesión, formulación de imputación y aceptación de cargos. Conclusión que resulta reforzada por la clara opción de la ley por un sistema procedimental marcadamente acusatorio que se desarrolla a través de audiencias a las que no se puede obstruir el acceso de las víctimas”

Que el Gobierno Nacional ha creado un marco normativo para la implementación de dicha ley, compuesto por los decretos reglamentarios: 4760 de 2005, 2898, 3391, 4417 y 4436 de 2006, 315 y 423 de 2007.
Que en aras de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y libertades de los habitantes del territorio nacional, en especial de las víctimas del conflicto armado interno y con el propósito de desactivar aquellos factores de riesgo que pudieren vulnerar estos derechos, se hace necesario REITERAR las obligaciones del Estado colombiano en materia de respeto a los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

Que es deber constitucional del Procurador General de la Nación, de sus delegados y agentes, en cumplimiento de los artículos 118 y 277 Superior, numerales 1, 2, 6 y 7 vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley; intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

Que el Procurador General de la Nación está facultado de acuerdo con las funciones otorgadas por el Decreto 262 de 2000 artículo 7 numerales 2 y 36, para establecer criterios de vigilancia superior con fines preventivos para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y de intervención en los asuntos judiciales; expedir, como Supremo Director del Ministerio Público, las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos.

Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 3391 de 2006 el Procurador General de la Nación deberá impartir las instrucciones para salvaguardar la participación judicial de las víctimas en el marco de los procesos penales derivados de la Ley 975 de 2005.


Por lo tanto, el Procurador General de la Nación, como Supremo Director del Ministerio Público, defensor de los intereses de la sociedad y especialmente de los derechos de las víctimas:

Reitera el compromiso del Ministerio Publico con la promoción y protección de los intereses de la sociedad, y en especial de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad, la justicia y la reparación.

Advierte a los servidores del Estado que tengan responsabilidad en la aplicación del marco normativo compuesto por la ley 975 de 2005 y los decretos reglamentarios: 4760 de 2005, 2898, 3391, 4417 y 4436 de 2006, 315 y 423 de 2007 y demás normas que se expidan en el futuro, que el cumplimiento de sus mandatos deberá enmarcarse en el estricto respeto de las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, tal y como lo ha reiterado la Corte Constitucional al interpretar el alcance de la ley 975 de 2005 en la Sentencia C-370 de 2006.

Recuerda que la participación de las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial que se deriven de la aplicación del marco normativo antes citado, deberá respetar los mandatos establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos a las garantías judiciales y a un recurso judicial efectivo. En consecuencia, se deberá dar estricta aplicación y garantizar los derechos de las víctimas frente a la administración de justicia en todas las etapas del proceso penal, a saber: versión libre y confesión, audiencia de imputación, audiencia de formulación de cargos, audiencia de verificación de la aceptación de cargos, incidente de reparación integral, audiencia de sentencia, apelación y acción extraordinaria de revisión, así como en las demás audiencias de trámite, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-209 de 2007 de la Corte Constitucional.

Exhorta a la Fiscalía General de la Nación, para que permita el acceso a las versiones libres a aquellas víctimas, que acrediten por los distintos medios establecidos en la ley y en sus decretos reglamentarios, el daño sufrido, garantizando la posibilidad de aportar pruebas, controvertir la versión y formular preguntas al postulado, directamente, o través de su apoderado, del Fiscal del caso o del Procurador Judicial
Reitera que la materialización de los derechos de las víctimas en el proceso de esclarecimiento judicial sólo podrá reivindicarse a través de un adecuado emplazamiento de las mismas, razón por la cual, éste deberá efectuarse durante todo el proceso penal, hasta antes de que se profiera la sentencia por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, pues sólo así se puede considerar que se está dando cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y su participación a través de un recurso judicial efectivo.

Insta a las autoridades competentes a que cumplan a cabalidad la obligación constitucional y legal de facilitar a las víctimas el acceso a los procesos judiciales, la cual impone la necesidad de dar a los emplazamientos una amplia divulgación a través de todos los medios masivos de comunicación públicos y privados, impresos, radiales, televisivos e Internet, en los ámbitos internacional, nacional, regional y local, así como de su publicación en todas las oficinas de las entidades públicas comprometidas con la implementación del marco normativo de la ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios, tales como: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, Acción Social, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Fiscalía General de la Nación, las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Ministerio de Defensa Nacional, las Unidades Militares y de Policía, las gobernaciones, las alcaldías, las inspecciones de policía, las embajadas, los consulados y demás representaciones diplomáticas.

Insta al Defensor del Pueblo para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública, provea a las víctimas, cuando así se requiera, un(a) defensor(a) público(a) para garantizar la representación judicial y la defensa material de sus derechos a lo largo de todas las etapas del proceso penal. Igualmente, deberá disponer lo necesario para garantizar la defensa material de las víctimas indeterminadas.

Exhorta a las autoridades judiciales y administrativas competentes para que desde el primer momento en que las víctimas entren en contacto con ellas, les den un trato humano digno y les entreguen de forma oportuna toda la información que sea pertinente para la protección de sus intereses y en especial para garantizar su efectiva participación en el procesos de esclarecimiento judicial y el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Insta a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que a través de su sede nacional y de todas sus sedes regionales, provea a las víctimas todo el apoyo y la asesoría jurídica que sean necesarias para garantizar de forma efectiva su participación en los procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.
Exhorta al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, para que a través del “programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía” adopten todas las medidas adecuadas y acciones pertinentes para proteger la seguridad, la dignidad y la vida privada de las víctimas y sus familiares, así como la de los testigos que deseen participar en los procesos penales derivados de la ley 975 de 2005, con el fin de prevenir futuras violaciones a sus derechos.
Insta al Gobierno Nacional, a las autoridades judiciales y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que creen programas de asistencia integral a las víctimas del conflicto armado interno, dirigidos a su recuperación psicológica y emocional, teniendo en cuenta la edad, el género, origen étnico, salud e índole del delito, sobre todo cuando se trate de hechos punibles que atenten contra la libertad, integridad y formación sexuales, entre otros.

Exhorta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que en el ámbito de sus competencias establezcan lo necesario para garantizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el marco de la ley 975 de 2005. Igualmente los insta para que promuevan ante las autoridades correspondientes la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables del delito de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes.

Insta al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER para que actualice permanentemente el registro único de predios –RUP, con el fin de difundir la información acerca de los bienes que han sido protegidos en el marco de la ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

Así mismo exhorta a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que actualice y publique permanentemente, a través de medios tecnológicos y de sus oficinas a nivel regional, el listado de bienes que en desarrollo de la ley 975 de 2005 le hayan sido entregados para la reparación de las víctimas, informando de ello a la Fiscalía General de la Nación y a las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Exhorta al Congreso de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo Nacional de Planeación, para que asignen o apropien todos los recursos del Presupuesto Nacional que sean necesarios para garantizar los derechos de las víctimas durante el trámite del proceso de esclarecimiento judicial, en especial, aquellos que tiene que ver con su emplazamiento, protección, asistencia integral y participación en las diferentes etapas del proceso penal.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación