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Sancionados Alcalde y Secretario de Planeación de Puerto Colombia (Atlántico)

 

Bogotá, 6 de junio de 2007. La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, sancionó con tres meses de salarios al Alcalde de Puerto Colombia, el señor Camilo Torres Romero, por no haber verificado los estudios de factibilidad y conveniencia para el desarrollo de unas obras que posteriormente presentaron fallas sin que se le diera la oportuna solución.

La interventoría de las obras que buscaban la construcción de un muro de contención y la pavimentación de una calle, y que al poco tiempo se desmoronaron al romperse una tubería que derrumbó el muro, estaban a cargo del Secretario de Planeación municipal, el señor Eparquio Serje Barros, que es arquitecto y el cual también fue sancionado.

De acuerdo al material probatorio el alcalde firmó el convenio para la ejecución de las obras sin verificar los estudios de prefactibilidad, además porque nunca hubo estudio de suelos sino sólo los topográficos. Por otra parte, el secretario de planeación avalaba las actas donde debían registrarse las situaciones que se estaban dando, entre otras, mano de obra no calificada y utilización de materiales de mala calidad.

Pese a que los dos servidores argumentaron que su conducta omisiva no reunía los presupuestos para ser considerada como dolosa, la Procuraduría Regional del Atlántico considera lo contrario, pues el señor Torres Romero, como representante legal del municipio, debía tener conocimiento si existían los estudios de factibilidad y conveniencia; y el señor Serje Barros, como arquitecto, debía tener “los conocimientos, específicos para establecer si los materiales” eran de buena calidad y si el terreno era adecuado para el normal desenvolvimiento de la obra.

En cuanto si sus conductas fueron o no dolosas, el despacho aclara que las conductas constitutivas de falta disciplinaria suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza del fallador, por lo cual el legislador también ha adoptado un sistema amplio conocido como «numerus apertus», en virtud del cual no se señalan específicamente cuáles comportamientos requieren de una tipificación de ser cometidos con culpa, como sí lo hace la ley penal.

La ley disciplinaria por su parte y el Ministerio Público, «pretende la buena marcha de la administración pública asegurando que los servidores del Estado cumplan fielmente con sus deberes oficiales».