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Cargos contra alcalde de Pereira por presunto contrato irregular para el recaudo de impuestos

Bogotá, viernes 18 de mayo de 2007. Por suscribir en forma directa el Convenio Interadministrativo, por cuantía indeterminada, para la modernización del proceso de recaudo de impuestos con una firma que no tenía capacidad, financiera, administrativa y técnica, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango Vélez.

Al señor Arango Vélez, el ministerio público le cuestiona el hecho de haber firmado el Convenio número 442 del 27 de enero de 2006, con el cual presuntamente violó el principió de selección objetiva, toda vez que, previo a la suscripción del mismo, no se verificó que empresa tuviese la capacidad para ejecutar de manera directa el objeto contractual.

Ante esta situación, la firma que suscribió el contrato tuvo que acudir a un socio estratégico, para poder cumplir con las obligaciones del contrato.

“Aunado a lo anterior, el municipio de Pereira quedó dependiendo del manejo y los resultados que una tercera entidad de carácter particular pudiera obtener, frente a un tema tan delicado y sensible, como es el recaudo de impuestos municipales.”Dice la Procuraduría General de la Nación en el pliego de cargos.

Además se le cuestiona el hecho de utilizar la figura de Convenio Interadministrativo, para evadir el proceso licitatorio, toda vez que si bien el contrato es de cuantía indeterminada, la inversión inicial del proyecto de modernización del recaudo de impuesto para la ciudad de Pereira, era de tres mil millones de pesos.

Según la Procuraduría General de la Nación, las actividades contratadas a través del Convenio Interadministrativo suscrito entre el municipio de Pereira y Multiservicios S.A. fueron subcontratadas por ésta última, mediante Licitación Pública del 7 de diciembre de 2006, demostrando con esto, que quien ejecutará el contrato es el Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes y no Multiservicios, dejando sin sentido jurídico el Convenio 442, que si bien desde el punto formal es valido, en sentido real y sustancial se realizó para evadir el proceso licitatorio por parte del ente territorial, y en su lugar entregar a un particular unas actividades propias de la función pública, pues se trata nada menos que de aspectos inherentes al recaudo de los impuestos que llegan al municipio.

Por último, la Procuraduría General de la Nación ordeno compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existe la responsabilidad penal en este caso y al Procurador Judicial II Administrativo de Risaralda para lo de su competencia.