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Procuraduría salva el equivalente a tres reformas tributarias en el caso de ‘Coloca Internacional’

Bogotá, 17 de mayo de 2007. La Corte Constitucional negó la acción de tutela mediante la cual la firma ‘Coloca Internacional’, pretendía que el Estado colombiano le pagara cerca de 3 billones de pesos, en un proceso iniciado hace 24 años contra el Banco del Estado, en liquidación.

Con esta decisión el máximo organismo constitucional, confirmó las decisiones de primera y segunda instancia emitidas por las salas de Casación Civil y de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, acogiendo así la posición que asumió la Procuraduria General de la Nación en defensa del patrimonio nacional.

Se trata de un multimillonario proceso ejecutivo que avanzaba en un Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, desde 1983, cuando ‘Coloca Internacional’ demandó al Banco del Estado el pago de tres títulos valores que suman por US$16.000.000 millones con un interés anual del 44%, que por las condiciones especiales habrían sido desembolsados actuando por fuera del objeto social del banco y con violación del régimen cambiario de la época. Pero además a la fecha no se ha logrado establecer si efectivamente entró a la entidad financiera o el uso que se le dio al mismo.

La mera notificación del Decreto 2525 de 2005, mediante el cual el gobierno nacional tomo la decisión de disolver y liquidar el Banco del Estado, obligaba a todos los jueces de la República a remitir al liquidador, en el estado en que se encontraran, los procesos contra la entidad bancaria, para que fueran acumulados al proceso de liquidación que deberá concluir en un plazo de dos años que puede ser prolongado por otros dos.

A propósito de la insistencia de la Procuraduría en enero pasado el juez a cargo hizo efectivo el envío del proceso y puso a disposición del proceso de liquidación los valores y garantías prestadas por el banco para evitar las cuantiosas medidas de embargo y secuestro.

No obstante, argumentando violación al debido proceso, la empresa internacional demandante exigía la culminación del proceso en los estrados judiciales, pretensión a la que se opuso la Procuraduría y la justicia colombiana en todas sus instancias acogió su intervención, y en consecuencia será el funcionario administrativo de la liquidación del banco quien habrá de pronunciarse acerca de la aceptación o rechazo de los créditos presentados.