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Procurador pide revocar terrenos adjudicados ilegalmente en Puerto Wilches (Santander)

Bogotá, 14 de mayo de 2007. El Procurador General de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura revocar de inmediato los actos administrativos mediante los cuales el INCODER adjudicó en cercanías de Puerto Wilches, 300 predios como baldíos en zonas que corresponden a humedal, a personas que no cumplen con los requisitos de ley y con base en inspecciones oculares nunca realizadas.

Estas son solo algunas de las múltiples irregularidades que encontró una comisión enviada por la Procuraduría General de la Nación, a la vereda Tierra Prometida, del municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, a propósito de una queja instaurada por un particular sobre la masiva titulación de tierras.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios encontró además que los predios adjudicados y que corresponden a zonas de humedal, pretenden desecarse para incorporarlos al cultivo de palma, violando de esta manera la normatividad vigente pues las zonas de influencia de ciénagas, como en este caso las de La Colorada, Caimán y Paredes, son ecosistemas especialmente protegidos, objeto de programas especiales, con especies animales en vía de extinción, como el Manatí.

Se encontraron además actas de diligencias nunca realizadas en los terrenos, como la de explotación de uso de suelo, peritaje ambiental, actividad económica, inspección ocular e inclusive levantamientos topográficos. Estos documentos cuyo contenido es completamente alejado de la realidad, fueron el fundamento de las adjudicaciones de terrenos por lo que no concuerdan las áreas, los colindantes y en muchos casos ha sido imposible ubicar predios adjudicados.

Adicionalmente se encontró que muchas de estas tierras se adjudicaron a peticionarios que no cumplían con los requisitos como el tiempo de ocupación y la explotación como lo exige la ley.

La Procuraduría estima que en principio, el detrimento patrimonial para el Estado, puede superar los 120 millones de pesos, además de las demandas que ya se anuncian por parte de las personas que se consideran perjudicadas con esta actuación, por cuanto les dieron títulos de propiedad sobre predios inexistentes.

Por estas razones, en el oficio enviado por el Jefe del Ministerio Público, al titular de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr Andrés Felipe Árias, advierte que no se puede permitir que estas tierras sean adquiridas por personas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser sujetos de reforma agraria al tiempo que le informa que las mismas por ser humedales revisten el carácter de no adjudicables y que dará de inmediato inicio a los procesos disciplinarios a que haya lugar contra los funcionarios del INCODER que realizaron las adjudicaciones sin el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley.

A continuación el texto completo de la carta enviada al jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural:

Bogotá, D.C.,

D.P. No.

Señor Ministro

ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ciudad

 

Respetado Ministro:

A propósito de la comisión enviada por la Procuraduría General de la Nación los días 1,2, 3 y 4 de mayo del año en curso al municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, con el fin de constatar los hechos puestos en conocimiento de este ente de control mediante queja del señor Carlos Felipe Anaya, y que se puso en conocimiento del INCODER, quien ordenó adelantar las diligencias administrativas de inspección ocular, decretadas mediante auto de 23 de abril de 2007 proferido por la subgerencia de Ordenamiento Social del INCODER, dentro de los trámites administrativos de revocatoria de las resoluciones mediante las cuales se procedió a titular como baldíos 300 predios localizados en la vereda Tierra Prometida, de ese municipio, le informo que en dicha actuación se pudo precisar lo siguiente:

Los terrenos donde se adjudicaron los predios corresponden a zonas de humedal que pretenden desecarse para incorporarlos al cultivo de palma. Tienen restricción para ser adjudicados como baldíos ya que se encuentran dentro de zonas de influencia de ciénagas, tales como las ciénagas de La Colorada, Caimán y de Paredes, que son considerados ecosistemas de especial protección ambiental, máxime que en ellos se desarrollan programas especiales con especies animales en vía de extinción, como es el caso del Manatí.

La información consignada en los formatos de solicitud de titulación de terrenos baldíos contienen manifestaciones que no concuerdan con la realidad, ya que los peticionarios no cumplían los requisitos previos de tiempo de ocupación y explotación económica que exige la ley para que les fueran recepcionadas y tramitadas dichas solicitudes. Es decir, los peticionarios no cumplían con los requisitos para ser adjudicatarios de terrenos baldíos.

Las actas de las diligencias de explotación del uso del suelo, peritaje ambiental, actividad económica e inspección ocular que obran en los diferentes expedientes y que sirvieron de fundamento para la expedición de las trescientas (300) resoluciones de adjudicación que fueron proferidas por el INCODER, no se efectuaron en el terreno como lo establece la ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2664 de ese mismo año, razón por la cual la información allí consignada no concuerda con la realidad, ni es posible precisar la explotación de cada uno de los referidos inmuebles. En consecuencia, los funcionarios del INCODER no visitaron los predios y la información que consignaron en los informes carece de fundamento fáctico. La información que reposa en los citados documentos contrastada con lo existente en terreno, presenta grandes diferencias.

Los levantamientos topográficos de los predios adjudicados no se efectuaron en terreno por ningún funcionario de la alcaldía ni del INCODER, razón por la cual no concuerdan las áreas, los colindantes y no ha sido posible ubicar muchos de los predios adjudicados.

Con las actuaciones desarrolladas por los funcionarios intervinientes en el convenio 04-02 para la titulación de terrenos baldíos en el municipio de Puerto Wilches, se pudo causar detrimento patrimonial al Estado ya que se invirtieron CIENTO VENTE MILLONES DE PESOS ( $ 120´000.000.oo) en una actividad que no generó los resultados esperados, en donde se está estudiando la revocatoria de la totalidad de los pronunciamientos efectuados por el desconocimiento de las normas legales y que se ve abocada a varias demandas de parte de las personas que se consideran perjudicadas con dicha actuación.

En estos términos le solicito Señor Ministro tomar las medidas pertinentes para que la revocatoria de la adjudicación de estos predios se agilice de manera inmediata, toda vez que no se puede permitir que estas tierras sean adquiridas por personas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser sujetos de reforma agraria, que en la mayoría de los casos no conocen los predios que les fueron adjudicados y con ello se vulneran las prohibiciones contempladas en la Ley 160 de 1994.

Este Despacho iniciará los procesos disciplinarios a que haya lugar contra los funcionarios del INCODER que permitieron que estas adjudicaciones se realizaran sin el lleno de los requisitos ordenados por la ley.

Cordialmente,


EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación