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Decisiones en el departamento del Huila

Bogotá, sábado 12 de mayo de 2007. A continuación se presentan algunas de las decisiones proferidas por la Procuraduría Regional del Huila.

Fallo de Primera Instancia

Suspendido alcalde de Gigante (Huila) por irregularidades en el pago de viáticos

Por omisión en la solicitud del certificado de disponibilidad de los recursos para el pago de los viáticos con el fin cumplir compromisos adquiridos por el mandatario local a diferentes ciudades del país, la Procuraduría General de la Nación suspendió por cuatro meses al actual alcalde de Gigante, Huila, Diego Fernando Muñoz Bambague.

Al señor Muñoz Bambague el ministerio público le cuestionó el hecho de haber emitidos los actos administrativos de legalización los viáticos y gastos de transporte, tiempo después de haberse desplazado a Bogotá y Neiva, en cumplimiento de su deber como alcalde, y no antes de efectuar el desplazamiento como lo ordena la ley.

Para la Procuraduría Regional de Huila, quien conoció del asunto por reasignación de competencia, el alcalde de Gigante, Diego Fernando Muñoz Bambague, no tomó en cuenta ninguna norma sobre la cancelación de viáticos, “sino que procedió a ordenar el gasto como si se tratara de sus propios negocios y bien es sabido que el sigilo, la transparencia y la delicadeza con que se debe manejar los dineros públicos demandan un mayor grado de compromiso y responsabilidad.”

Fallo de segunda instancia


Suspendido alcalde de Acevedo (Huila) por irregular decreto que afecta a gerente de hospital


La Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes al actual alcalde de Acevedo, Huila, por haber revocado decreto mediante el cual fue designada la Gerente de la Empresa Social del Estado “Hospital San Francisco Javier”, Sara Alexandra Yaguar Jiménez.

La determinación disciplinaria afecta al señor Dagoberto Cárdenas Chávez, a quien se le encontró responsable a titulo de culpa, por haber expedido el decreto No 004 del 01 de enero de 2004, por medio del cual se ordenó revocar el decreto No 093 de 04 de diciembre de 2003, sin que hubiera obtenido el consentimiento expreso y escrito de la señora Yaguar Jiménez.

Según el ministerio público el decreto No 093 de diciembre de 2003 es un acto de contenido particular y concreto que reconocía derechos de orden laboral a la nombrada gerente, por lo que era necesario su consentimiento expreso y escrito para poder revocarlo, de acuerdo a lo contemplado con el Código Contencioso Administrativo.