INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 161

Destituido ex Gobernador del Huila por irregularidades en contratos

Bogotá, 9 de mayo de 2007.La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex gobernador del Departamento de Huila, Juan de Jesús Cárdenas Chávez, por irregularidades en la celebración de varios contratos.

La determinación disciplinaria afecta además a la ex secretaria General de la Gobernación, Maria Mercedes Guzmán Oliveros, con destitución e inhabilidad de 10 años y al entonces Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento, Hernando Quesada Trujillo, con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.

Al señor Cárdenas Chávez, el ministerio público lo sancionó, por haber suscrito cinco contratos sin el cumplimiento de algunos requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 y por no llevar a cabo un estudio de las propuestas para determinar la más favorable para el departamento.

Dentro de los contratos firmados entre junio y noviembre de 2002, por el entonces Gobernador del Huila, Juan de Jesús Cárdenas Chávez están entre otros, la elaboración de libros, folletos y material didáctico, para ser entregado a los participantes en foros y talleres que se llevaron a cabo en el departamento del Huila, por costo superior a los 180 millones de pesos, para llevar a cabo un proceso de regionalización.

También se detectaron irregularidades en tres contratos mas celebrados para la elaboración de proyectos y realización de trámites para acceder a los recursos FINAGRO, iluminación del Parque Santander de Neiva, puesta en funcionamiento de redes eléctricas domiciliarias en las veredas Quinche, Palmitos y Aguas Claras del Municipio de Timaná.

El sancionado gobernador indicó en su defensa que suscribió y celebró los contratos acogiendo los conceptos de los Directores Administrativo y Jurídico de la Gobernación, exculpación que no fue acogida por el ministerio público.

En cuanto a la señora María Mercedes Guzmán Oliveros, la Procuraduría General de la Nación la sancionó porque no efectuó la evaluación de los contratistas, en orden a escoger la oferta mas favorable para contratar con el Departamento y según los cargos de la Procuraduría solo se tuvo en cuenta para definir la selección del contratista el factor precio. Así mismo, en dos contratos celebrados, uno en agosto y otro adicional en septiembre de 2002, cuyo objeto fue la adecuación de la Secretaría de Educación de la gobernación del Huila, evadió el proceso licitatorio, trasgrediendo la regla general de la licitación pública, consagrada en la Ley 80 de 1993.

En cuanto al entonces Secretario de Vías e Infraestructura de la gobernación del Huila, Hernando Quesada Trujillo, el ministerio público lo sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años, por las irregularidades detectadas en los contratos suscritos por él entre mayo y diciembre de 2002.

Los contratos suscritos entre otros fueron el suministro e instalación de sonido, compra de cámaras y control de circuito cerrado de televisión, de equipos audiovisuales, instalaciones eléctricas, adecuación del tercer piso y obras varias en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, como también obras de mantenimiento de varias vías del departamento del Huila.

En 17 de los contratos firmados por el entonces Secretario de Vías e Infraestructura, se determinó que se seleccionaron los contratistas en consideración a que presentaron el precio más bajo, no se establecieron reglas claras y objetivas que permitieran ofertas de la misma índole. Fueron los oferentes y no la administración quienes por su propia iniciativa determinaron el término de validez de la oferta, tiempo de entrega, forma de pago, entre otros aspectos. La administración no fijó el presupuesto oficial.