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Pliego de cargos contra ex alcalde de Villavicencio (Meta) por irregularidades en proyecto de Acuapaque

Bogotá, 9 de mayo de 2007.Por posibles irregularidades en la compra de un terreno y la construcción de un parque de recreación en éste, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al señor Franklin Germán Chaparro Carrillo, en su condición de alcalde del municipio de Villavicencio.

La decisión también cobija a Héctor Gabriel García Ortiz, en su condición de Director de la Unidad Administrativa Especial para Contratación del Municipio de Villavicencio (UNEV), Yesid Rodríguez Ríos, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio (EDUV) para la época de los hechos, Nayib Bayter Lissa, en su condición de Secretario de Infraestructura Municipal y miembro de la Junta Directiva de la EDUV, Manuel Eduardo Useche, en su condición de director de la Unidad de Contratación y la señora María Angélica Rangel Camacho quien se desempeñaba como gerente de la Empresa de Turismo de Villavicencio para la época de los hechos.

De acuerdo con el informe de la Contraloría General, en el año 2004 el ex alcalde, con la autorización del Concejo municipal, firmó dos empréstitos. En el primero de ellos se incluyó la construcción del proyecto Acuaparque por 8.700 millones de pesos (valor que se modificó posteriormente) y en el segundo se incluyó nuevamente este proyecto, pero esta vez por 5 mil millones de pesos.

Al parecer el señor Yesid Rodríguez, gerente de la EDUV no habría adelantado la ejecución del proyecto, como le correspondía, sino que suscribió un convenio para dicha ejecución con un Organismo de Cooperación Internacional que a su vez, subcontrató con una unión temporal integrada, al parecer, por un amigo del alcalde y por un hermano de un funcionario del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Adicionalmente, se le reprocha una actitud omisiva, pues, presuntamente se violaron las normas de contratación estatal, al permitir la aplicación de una normatividad en materia contractual diferente a la establecida en nuestra legislación, respecto a los contratos estatales sucritos con recursos del Estado.

El pliego de cargos señala también que, al parecer, el Acuaparque para Villavicencio, presenta deficiencias en lo relacionado con los estudios de conveniencia y oportunidad de dicho proyecto, pues, al parecer, el referido estudio sólo hacía alusión a los linderos del predio que se iba a adquirir para desarrollar el proyecto « sin que se hubiese señalado con la seriedad que se requiere, para desarrollar todas las acciones conducentes a la construcción del parque y a la adquisición del terreno».

Considera el ministerio público que con esta contratación se habrían desconocido las necesidades insatisfechas de la comunidad como la salud, la educación, el saneamiento ambiental y los problemas de agua potable y optó por construir un centro de recreación que no era prioritario para la ciudad de Villavicencio.

A la señora María Angélica Rangel se le cuestiona la labor de interventoría en este contrato así como la presentación del proyecto denominado Diseño y construcción del Acuaparque, por cuanto este carecía de soportes que demostraran la participación de la comunidad en su desarrollo, y estaba basado, al parecer, en estudios inexistentes, sin soportes documentales reales y sin estudios financieros y jurídicos serios.

Finalmente, el pliego de cargos se refiere a las presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición del terreno y la adición realizada al contrato, en la que se disponía el giro de « 2 mil millones de pesos más, para la continuación de algo que ni siquiera había tenido inicio», hechos en los que estarían involucrados los señores Manuel Eduardo Useche y Héctor García Ortiz, respectivamente.