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Confirmada destitución de Alcalde de Cali

Bogotá, 8 de mayo de 2007. La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución proferida contra el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo, por irregularidades en el contrato suscrito por el burgomaestre para la modernización y optimización de la gestión tributaria a cargo del municipio de Santiago de Cali.

La inhabilidad de 16 años para el ejercicio de funciones públicas que en primera instancia se le impuso, fue reducida a 14 años por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que asumió el proceso en segunda instancia, y a la señora María del Rosario Peña Saavedra, Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Catastro de la ciudad de Cali, le confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años con que fue sancionada en primera instancia.

En el fallo se confirma la responsabilidad del burgomaestre en el proceso licitatorio que culminó con la celebración del contrato con la única oferente, la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali (Sí Cali), para el recaudo de los impuestos mediante la adquisición de equipos de computo y programas con un plazo de ejecución de 15 años, pese a que los estudios previos realizados por la administración municipal eran insuficientes para determinar las condiciones financieras y experiencia del contratista, los costos de los bienes y servicios requeridos y el pago que se debía reconocer al contratista.

Igualmente los investigadores de la Procuraduría General de la Nación confirmaron que el contrato se firmó comprometiendo dineros que serían recaudados en los próximos 14 años, sin la autorización del cabildo municipal y fijando en cien millones de pesos, el valor fiscal del contrato, suma sobre la cual el contratista tenía que suscribir la póliza de cumplimiento que garantizaría las obligaciones contraídas con la administración municipal, poniendo en riesgo el dinero de la ciudad, por cuanto dicha suma se aleja sensiblemente de la realidad, pues se había fijado que el pago al contratista, sería del 2.8% del total de los dineros recaudados en los 15 años de vigencia del contrato.

Para el ministerio público, el burgomaestre sancionado “debió efectuar estudios previos suficientes y debidamente fundamentados para determinar los factores de escogencia, mediante los cuales se examinara el cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, en el orden a iniciar el proceso licitatorio, y la selección del ofrecimiento mas favorable y ventajoso para la entidad”.

En cuanto a la señora Peña Saavedra, la Sala Disciplinaria decidió mantener el fallo de primera instancia en todas sus partes por cuanto con su actuación, violó los principios de publicidad y transparencia que deben regir la actuación administrativa. Como se recordará la Directora de Hacienda y Catastro en el proceso de adjudicación del cuestionado contrato, publicó en la página web, pero no envió vía e-mail como se había convenido, un adendo hacia las 7 de la noche fijando para el día siguiente a primera hora, en la visita obligatoria de los oferentes al lugar donde se prestaría el servicio a contratar, una nueva exigencia considerada injusta, no objetiva y que podría llegar a ser excluyente afectando los derechos de los posibles oferentes.

Sin embargo la Sala Disciplinaria absolvió del quinto cargo al alcalde Salcedo a quien se le acusaba de haber prorrogado en tres oportunidades los términos de la licitación, pese a esto en segunda instancia se consideró que los días incluidos en las prórrogas sumaron ocho días hábiles, de los 10 ½ hábiles que tenía como límite la administración de acuerdo a la ley.

Finalmente la Procuraduría resalta que en el transcurso de la investigación disciplinaria quedó ampliamente probado que el señor alcalde de Cali “con pleno conocimiento de la gravísima infracción al deber funcional, voluntariamente lo transgredió”, pues en este proceso de suma trascendencia para la ciudad y para el país, violó normas constitucionales y legales e incurrió así en faltas gravísimas, a titulo de dolo, siendo el servidor de mas alta jerarquía en la ciudad y dando mal ejemplo a la sociedad, aunque consideró la ausencia de antecedentes disciplinarios y fiscales.