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Por sobrecostos en compra de camas destituido gerente de hospital universitario de Neiva (Huila)

Bogotá, lunes 7 de mayo de 2007. Por la triangulación en la compra de cinco camas para el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, por más de 120 millones de pesos, actuación que generó un sobrecosto a favor del contratista de un 31% sobre el precio de compra, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer funciones públicas al ex gerente de ese centro asistencial Jorge Mauricio Escobar López.

En fallo de primera instancia el ministerio público estableció que el señor Escobar López, celebró el 2 de febrero de 2005 un contrato con una firma que tenía su sede en Bogotá, para la compra de cinco camas de cuidado básico, marca Hill- Room, por valor individual de 21 millones de pesos, sin incluir IVA, para un valor total de $ 121’800.000, sin haber efectuado los estudios de precios del mercado, situación que conllevó a que se presentara la cancelación de sobrecosto por una suma que supera los $37 millones de pesos.

La defensa del disciplinado manifestó que no se puede responsabilizar al señor Escobar López de irregularidad alguna, ya que las Empresas Sociales del Estado se encuentran reguladas por el derecho privado y no por la Ley 80 de 1993, es decir, en este caso, por el Acuerdo 003 del 7 de febrero de 2003, a través del cual se adoptó el reglamento de contratación, en el cual se definen los procedimientos y trámites que deben tener en cuenta los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación, garantizando así el uso racional de los recursos, la eficiencia en la atención de sus responsabilidades y la transparencia en sus actuaciones.

Para la Procuraduría está demostrado que en la compra de las cinco camas se registró un sobrecosto, que se pudo haber evitado si las hubiera adquirido directamente al representante exclusivo de la marca Hill Room en Colombia, ya que se contaba con los recursos suficientes y disponibles para su compra, como lo había sugerido el Coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario de Neiva, con amplia trayectoria y conocimiento de este tipo de equipos médicos.

Igualmente consideró el ministerio público que se adquirieron los equipos médicos sin consultar los precios del mercado conforme lo establece el Estatuto Contractual del Hospital. Según el testimonio de uno de los funcionarios del centro asistencial, la gerencia no adelantó actividad alguna para determinar cuál era el precio mas favorable para la Institución Hospitalaria, a pesar que se le había advertido verbalmente que en el país se adquieren a través de un distribuidor excluso, las mismas camas a un costo de tan solo $14’500.000.

Para la Procuraduría en este caso se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad y planeación, porque no se hizo una selección objetiva del contratista, sino que se escogió un intermediario a quien se le pagó por las mismas camas en una operación comercial denominada triangulación, la no despreciable suma de treinta y siete millones setecientos mil pesos, dineros con los que fácilmente se habían podido adquirir como mínimo otros de estos equipos con idénticas características.

“La Procuraduría no desconoce la especial naturaleza del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, porque si bien la ley 100 de 1993 permitió que se rigiera por el régimen privado, esta permisión no implica el desconocimiento de las normas en materia contractual, pues no se trata de una empresa privada, sino de una entidad pública muy importante en el ámbito surcolombiano, sujeta a las normas contractuales, en la ejecución de sus recursos; a diferencia de lo que puede suceder con una empresa particular, la empresa pública está supeditada a normas, pues no se puede dejar de lado que lo que administra no es otra cosa que recursos públicos. Pero además de la normatividad legal y estatutaria, está regida por cánones superiores de la Constitución Política, que obligan el respeto del principio de igualdad de participación (art. 13 de C. Política), imparcialidad (art. 209 C.P.)y libre competencia económica (art. 333 C.P.), principios estos concretizados en las normas al uso en materia de contratación estatal.”