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Procuraduría archiva investigación abierta contra oficiales de la Policía

Bogotá, domingo 6 de abril de 2007. 8:00 a. m. La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria abierta contra el coronel William Antonio Ossa y el Teniente Coronel Elías Salazar Pedreros, Comandante y Subcomandante del departamento de Policía de Caldas, tras establecer que éstos oficiales no tuvieron responsabilidad alguna en la muerte de un indígena que participaba en una manifestación que se llevó a cabo en el año 2005.

Los hechos que originaron la indagación preliminar tuvieron lugar los días 10 y 11 de octubre de 2005, en el sector denominado remolinos, jurisdicción del municipio de Viterbo (Caldas) donde muró un indígena, según se dijo, por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por los miembros de la Policía Nacional que controlaban la manifestación indígena.

La Procuraduría estableció que la Policía Nacional, atendiendo una orden del Presidente de la República, «no autorizó el desplazamiento a pie de los manifestantes que se encontraban en el sitio de los acontecimientos» definió los operativos necesarios y en caso de presentarse taponamientos en las vías, se previeron las medidas necesarias para lograr su recuperación.

Se estableció que ante la negativa del gobierno nacional de permitir la marcha, los indígenas decidieron ocupar la vía pública para continuar hacia la ciudad de Manizales, situación que motivó la intervención del grupo ESMAD de la Policía (al mando del Teniente Coronel Salazar Pedreros) quienes lanzaron gases lacrimógenos con el objetivo de disuadir y dispersar a los manifestantes.

El estudio de las pruebas allegadas al proceso, en especial pruebas técnicas recaudadas permitieron precisar que el manifestante indígena falleció como consecuencia de un infarto agudo, comprobándose de esa manera que su muerte no estuvo relacionada con eventos violentos ni fueron consecuencia de la inhalación de gases lacrimógenos, como lo consideró inicialmente la queja.

Concluye la Procuraduría que los miembros de la Policía Nacional actuaron en cumplimiento de sus funciones, acatando una orden de emanada del Gobierno Nacional y de la Dirección General de la Policía Nacional, que la muerte del referido indígena se debió a una dolencia cardiaca que este padecía y no al actuar de las autoridades.