INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 146

Destituido ex alcalde de Barrancabermeja y tres de sus secretarios por irregularidades en contratos

Bogotá, 2 de mayo de 2007. Por no ejercer vigilancia y control sobre las actuaciones de sus secretarios a quienes delegó funciones especiales para contratar, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos al ex alcalde de Barrancabermeja, Julio Cesar Ardila Torres.

La determinación disciplinaria afecta además a los entonces secretarios de Infraestructura, Fabio Pajon Lizcano, y de Educación, Elver Antonio Hernández Medina, quines fueron destituidos e inhabilitados por 10 años para contratar con el Estado y ejercer funciones públicas. Igualmente fue destituido e inhabilitado por 11 años el ex jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Oscar Téllez Valenzuela.

Al señor Ardila Torres el ministerio público le sancionó por su omisión en velar por el debido cumplimiento de sus funciones de sus secretarios a los que les había delegado función de contratar, toda vez que los entonces servidores públicos suscribieron durante los años 2002 y 2003 de manera irregular y reiterada, varios contratos de suministro, prestación de servicios y obras públicas, sin que el burgomaestre hubiese ejercido control o adoptar alguna medida para evitar o corregir las irregularidades que se venían presentando.

Se comprobó a través del material probatorio «que el señor Alcalde titular, abogado de profesión, omitió el deber primario de cuidado, control y seguimiento respecto del ejercicio de las competencias y funciones delegadas, ya que permitió que se evadieran procesos de licitación establecidos, como regla general, por la ley 80 de 1993 en su artículo 24, en consonancia con las cuantías establecidas por la administración municipal para el respectivo año.»

En cuanto al entonces Secretario de Educación Elver Antonio Hernández Medina, el ministerio público le sanciona por suscribir un contrato de prestación de servicios para enseñanza en sistemas e internet, sin llevar a cabo el proceso de licitación que contempla la ley 80 de 1993.

El disciplinado manifestó a la Procuraduría General de la Nación que no existía responsabilidad de su parte en la firma del cuestionado contrato, ya que el grupo asesor en contratación de la Alcaldía, había dado visto bueno para suscribirlo, argumento, que no fue acogido por el ministerio público, ya que dentro de la investigación no obra prueba que demuestre que el mencionado grupo haya dado instrucción precisa al Secretario de Educación para celebrar el contrato

Según el ministerio público, «el proceso desde su inicio hasta el final, lo adelantó el señor Elver Antonio Hernández, en su calidad de Secretario de Educación del Municipio y como delegatario para la actividad contractual, tal como se desprende del contrato 108 de diciembre de 2002, suscrito con Educando Colombia, delegación no desvirtuada, ni negada por el implicado, pero si reafirmada en las distintas versiones entregadas a la Procuraduría General.»

Al entonces Secretario de Infraestructura de Barrancabermeja, Fabio Pajon Lizcano, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por fraccionar los contratos para modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales del barrio Boston fase II.

Para la Procuraduría General de la Nación esta demostrado que en este caso se celebraron dos contratos el mismo contratista con el fin de eludir el proceso de licitación pública que establece la Ley 80 de 1993

Según el fallo de primera instancia, uno de los métodos “para eludir el proceso de licitación, se presenta cuando el proyecto a contratar se divide en varios objetos y se suscribe un contrato por cada uno mediante trámite de la contratación directa, por valor que no sobrepasa la menor cuantía como se presentó en el caso de optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio Boston de Barrancabermeja.”

El ministerio público, no encuentra justificada la decisión de dividir la ejecución de la obra, ni existe estudio técnico alguno que demuestre o explique por qué siendo un solo proyecto se adelantó la obra en dos contratos y se le adjudicó a un mismo contratista.

Por último, se sancionó con destitución e inhabilidad de 11 años para ejercer funciones públicas, al entonces Jefe de la Oficina Jurídica Oscar Téllez Valenzuela, por fraccionamiento en contratos para el mantenimiento y adecuación de una vía en el corregimiento San Rafael, jurisdicción municipal de Barrancabermeja.

Según la Procuraduría General de la Nación, el señor Téllez Valenzuela suscribió los contratos 667 y 668 de 2002, por valor total de $149’626.419, cuantía que superaba ampliamente la contratación directa del municipio, que para la época de los hechos ascendía a la suma de $132’800.000.

Contra la presente sanción procede el recurso de apelación, que en última instancia, resolverá el despacho del Procurador General de la Nación.