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Destituido alcalde de Altamira (Huila) por entregar auxilios a particulares

Bogotá, 30 de abril de 2007. Por irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la población vulnerable y en la celebración de contratos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, al actual alcalde del municipio de Altamira (Huila) Gerardo Roa Medina.

En proceso verbal que llevó a cabo la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, determinó la responsabilidad del señor Roa Medina, por haber ordenado mediante ocho resoluciones expedidas entre los meses de enero y marzo de 2004, la entrega, en forma directa, de recursos del presupuesto del municipio con destino a la población vulnerable, para cubrir gastos de transporte, alimentación o estadía en otro lugar distinto a la localidad mencionada, o para practicarse o someterse a exámenes o tratamientos médicos, a particulares, bajo el argumento de ser consideradas esas necesidades como básicas insatisfechas, de encontrar que las personas beneficiadas con el auxilio, se enmarcaban dentro del grupo de personas vulnerables y que se trataba de una urgencia extrema.

Según la Procuraduría General de la Nación resulta irregular que el destituido alcalde hubiera expedido los actos administrativos, con el fin de reconocer y ordenar el pago de unos dineros en forma directa a ciudadanos, a pesar de contar el municipio de Altamira con una Unidad Administrativa Especial en Salud, que podía celebrar convenios y contratos con otros centros médicos y además que las personas beneficiadas con los recursos de la salud pertenecían al régimen de salud subsidiado –Sisben-.

Para el ministerio público, “el señor Gerardo Roa Medina es responsable del presente cargo, pues desconoció el mandato constitucional consagrado en el artículo 355, que prohíbe a las entidades del Estado decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales.”

En el fallo de primera instancia considera el ministerio público que el señor Roa Medina, “no solo afectó la confianza que la comunidad depositó en él, al elegirlo como máxima autoridad del municipio, sino el correcto y eficaz ejercicio de la administración pública, dado que se valió de esa dignidad para expedir las referenciadas resoluciones mediante las que reconoció y ordenó entregar en forma directa unos dineros a varios particulares, cuando al ser elegido como Alcalde y posesionarse en ese cargo prometió cumplir con los deberes que el mismo le imponía.”

Igualmente se le sanciona al Alcalde Roa Medina, por no efectuar los estudios previos dentro del contrato 003 de enero 2 de 2004, por medio del cual se contrato los servicios de un experto, para llevar a cabo la reestructuración administrativa del Municipio de Altamira y por no convocar como era su deber, a las veedurías ciudadanas constituidas en el Municipio de Altamira, para que intervinieran en todas las etapas del mencionado contrato cuestionado.

Al destituido Alcalde de Altamira se le cuestionó además por el contrato firmado con el propietario de un establecimiento comercial para favorecer a su hermana Nury Roa Medina, ya que la señora Roa Medina fungía como administradora del local en donde operaba una fotocopiadora, recibiendo como contraprestación a sus servicios el 30% por ciento sobre todo lo que vendiera.

“Se atribuye su proceder irregular a titulo de dolo, pues Roa Medina sabía cuáles eran las obligaciones, funciones y normas legales que debía observar en la actividad contractual que le correspondía como representante legal y ordenador del gasto de dicho ente territorial, y aún así no fue imparcial en la escogencia del contratista.., propietario del establecimiento comercial .., dado que a sabiendas de los asuntos que compartía el contratista con su hermana –que para aquél trabajaba como administrador-, decidió suscribir diversas órdenes de servicio y pedido, actuación que por los réditos que aparejaba a favor de su pariente y en función de su palmaria relación de afecto, le condujo al menoscabo de la selección objetiva y, por contera, del principio de transparencia.”

Por último, la Procuraduría Delegada compulsó copias del proceso a la Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, para investigar las presuntas inconsistencias halladas en las certificaciones expedidas por la Personera Municipal, relacionada con la inexistencia de Veeduría Ciudadana en los primeros meses de 2004 y sobre su certificación en donde deja constancia del presunto servicio irregular de un establecimiento comercial.