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Procuraduría se pronuncia en contra de reducción de reserva forestal del Bosque Oriental de Bogotá

Bogotá, 25 de abril de 2007. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado dejar sin efectos jurídicos la resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que autorizó la reducción de 973 hectáreas de la zona de reserva forestal del Bosque Oriental de Bogotá sin cumplir con los requisitos legales previstos para ello.

La solicitud se formuló al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en septiembre de 2006 dentro de la acción popular instaurada contra el mencionado ministerio, la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), el Departamento de Planeación Distrital y otras instituciones.

Con el pretexto de redelimitar un área de reserva forestal, el ministerio de Ambiente ordenó mediante resolución 463 del 15 de abril de 2005 sustraer un área considerable de la citada zona, desconociendo el debido proceso y omitiendo los estudios técnicos exigidos previamente para adoptar dicha decisión, así como los estudios que ya habían realizado las CAR y el DAMA para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá (Pomco).

En ese sentido, el ministerio público advirtió que la redelimitación fue concebida en la ley «como uno de los elementos estructurales del programa de Sostenibilidad Ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo para proteger los ecosistemas, más no como mecanismo idóneo para sustraer áreas de las zonas de reserva.»

En consecuencia, con la expedición de la resolución 463 de 2005 se pudo haber incurrido en extralimitación de funciones por parte del funcionario que la profirió, pues la legislación vigente en ninguno de sus apartes habilita la figura de la redelimitación «para lograr el cometido de sustraer ciertas zonas» sin cumplir con los trámites previstos, como ocurrió en este caso.

Señaló además que la determinación del ministerio se constituye en una violación de los derechos e intereses colectivos, especialmente lo que tiene que ver con el derecho a gozar de un ambiente sano, los relacionados con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas.

En la sustentación del recurso, la Procuraduría destacó la contradicción que presenta el contenido de la sentencia impugnada, por cuanto ampara los derechos colectivos vulnerados con la Resolución 463 de 2005 pero al mismo tiempo le da legalidad a la resolución cuestionada, es decir que sigue vigente.

Dentro del recurso interpuesto, el Procurador Judicial solicitó revocar los numerales 3, 4 y 6 de la decisión de primera instancia tras señalar que:

- las autoridades ambientales y administrativas demandadas sí se encuentran autorizadas para efectuar la sustracción e incorporación de terrenos a la zona de reserva siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en ese sentido,

- Estas autoridades no están obligadas a adquirir o expropiar predios que pudieron haber sido construidos irregular e ilegalmente, lo que a juicio del ministerio público «implica la legalización de los que han sido realizados desconociendo el propio ordenamiento jurídico».

- La reubicación de las personas establecidas en la zona de recuperación ambiental o en su franja de adecuación, que amenacen con deslizamientos o en zonas aledañas a rondas o zonas de manejo y de preservación hídrica desconoce las obligaciones conferidas legalmente a las Alcaldías municipales, y se representa un beneficio para quienes han efectuado de manera ilegal estas construcciones donde habitan.

Dentro de las peticiones formuladas la Procuraduría también solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo que ordene a las autoridades administrativas y de Policía, especialmente en Bogotá que agilicen los procesos administrativos que se adelantan contra los infractores ambientales y se impongan las medidas tendientes a la restauración de la zona afectada.

Finalmente, instó a que se condene a todas las personas «(…) que ilegalmente causaron impacto ambiental negativo en la zona de reserva forestal del Bosque Oriental de Bogotá, para que en un término perentorio y bajo la supervisión de las autoridades ambientales procedan a implementar medidas de restauración y compensación al ecosistema que han deteriorado».