INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 116

La información contenida en este boletín fue actualizada en el boletín 530 de 2007
[ver más información]

Fallo de primera instancia

Por fraccionamiento de contratos destituido ex secretario de infraestructura del departamento de Antioquia

Bogotá, viernes 13 de abril de 2007. Por irregularidades en la celebración de contratos para adelantar obras de mantenimiento y recuperación en vías departamentales, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al entonces Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, Carlos Alberto Villegas Lopera.

El señor Villegas Lopera, fue encontrado responsable por fraccionar los contratos para adelantar obras de drenaje y pavimento en la autopista que conduce a la localidad de Cocorná y los trabajos de drenaje y protección de la banca en la vía Marinilla-El Peñol- Guatapé-San Rafael, contratos firmados por el entonces Secretario de Infraestructura Física del Departamento, entre mayo y junio de 2003.

Para el ministerio público el disciplinado violo la Ley de contratación que obliga a las entidades del Estado a la publicación de los proyectos de las obras a contratar con los términos de referencia, en los procesos de licitación o concurso publico o de contratación directa.

Igualmente indica la Procuraduría en su fallo de primera instancia que el sancionado funcionario incurrió en el fraccionamiento de los contratos ya que las obras a ejecutar era el mantenimiento de las vías y las podía ejecutar un solo contratista.

Uno de los casos es de las obras de drenaje que se llevaron a cabo Marinilla-Peñol-Guatape-San Rafael, para tal fin se firmo el contrato número 2003-CO-20-0044 y la construcción de obras de drenaje y protección de la banca en la vía Marinilla- El Peñol, -contrato número 2003-CO-20-0063-, para la Procuraduría Regional de Antioquia, ambos contratistas estuvieron trabajando en la misma vía de forma simultanea y efectuando la misma labor que era el mantenimiento de la maya vial.

Los dos contratos en mención, fueron firmados en mismo mes de mayo de 2003se envió las cartas de invitación para contratar el mismo mes y se pago con el mismo rubro presupuestal.

El señor Carlos Alberto Villegas Lopera, argumento en su defensa que no es responsable de las irregularidades, ya que solo se limito a firmar el formato de disponibilidad presupuestal y los contratos y que las demás actividades como la elaboración de los pliegos de condiciones, la publicación de las obras a contratar, el proceso de selección de los contratistas y la interventoria la llevaron a cabo otros funcionarios de la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.

Contra la determinación de la Procuraduría Regional de Antioquia procede el recurso de apelación que será resuelta por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias.

 

117-07

En fallo de Segunda instancia

Destituido concejal del Carmen de Apicaá (Tolima)

Bogotá, sábado 14 de abril de 2007. 8:00 a.m. Por ejercer el cargo de concejal del municipio del Carmen de Apicalá (Tolima) a pesar de estar inhabilitado, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por diez años para ejercer funciones públicas proferidas en contra del señor Nelson Calderón Pabón.

Al ratificar la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Girardot, el Ministerio Público manifestó que el señor Calderón Pabón continuó actuando en calidad de concejal a sabiendas que sobre él recaía una sanción de carácter penal ejecutoriada, consistente en doce meses de prisión por el delito lesiones personales.

Considera la Procuraduría que <<mal podría expresar el disciplinado que al obtener un beneficio en la pena impuesta por lesiones personales, por el juzgado del conocimiento, le habían quedado suspendidas en el tiempo las sanciones, por cuanto, ese solo raciocinio, no daría lugar a la aplicación de un eximente de responsabilidad>>, pues como concejal municipal estaba en el deber legal de conocer la ley y en especial la normatividad que rige su actividad.

Las pruebas allegadas a la investigación demuestran que el cabildante incurrió en falta disciplinaria gravísima a título de dolo, por cuanto, de conformidad con los mandatos legales, conoció la sentencia que le fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito, hecho este que le impedía continuar ejerciendo el cargo de concejal según lo establecido en la Ley 136/94.


118-07

Denuncia Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Cargos contra suboficial y cinco soldados por homicidio de campesino en Chaparral (Tolima)

Bogotá, domingo 15 de abril de 2007. 8:00 a.m. Por su presunta vinculación en el homicidio de un campesino en el Corregimiento El Limón, jurisdicción municipal de Chaparral y por trasladar el cuerpo sin vida del labriego del lugar de los hechos sin haberse efectuado la diligencia de levantamiento, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra un suboficial y cinco soldados profesionales.

El entonces Comandante del Pelotón Especial adscrito al Batallón de Infantería de Montaña No. 17 General José Domingo Caicedo Caicedo, sargento viceprimero William Cuervo Ruiz y los soldados profesionales, Rafael González Barreto, Edier Mendoza García, Rubén Darío Vélez Serna y Jhon Jairo Totena Ducuara, deberán explicar al ministerio público su presunta vinculación con el homicidio del campesino José Rubiel Caicedo Caicedo, quien resultó muerto por los disparos hechos por los miembros de la fuerza pública.

Los vinculados a la investigación disciplinaria manifestaron en su defensa que dispararon contra el señor Caicedo Caicedo, como respuesta a unos disparos con arma corta hechos presuntamente por el labriego contra los integrantes de la patrulla militar.

Y en cuanto al traslado del cuerpo a la sede de la guarnición militar, los afectados con el pliego de cargos manifestaron, que el mismo se llevó a cabo por instrucción impartida por el comandante del Batallón, en razón a que estos hechos ocurrieron en una zona que tiene influencia los grupos irregulares.

Según el pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación, “los familiares de la víctima y varios de los testigos que declararon en el proceso ocurrió todo lo contrario puesto que según ellos Caicedo Caicedo, minutos antes del hecho se hallaba departiendo con una amiga en el interior de la discoteca y cuando salió apresuradamente hacia el atrio de la Iglesia fue alcanzado por los disparos injustificados que le propinaron las unidades militares, comportamiento innecesario en la medida en que de acuerdo con esas versiones de lo acontecido, la víctima no portaba arma alguna, ni se encontraba en actitud de combate.”

Después de lo ocurrido, sin tener en cuenta los requisitos de procedimiento que preceden la manipulación de los cadáveres así como de los objetos incautados, los soldados burdamente recogieron el cuerpo del occiso y lo lanzaron al interior de un camión en el que se retiraron del lugar.

Para el ministerio público en el caso investigado se pudo presentar infracción al derecho internacional humanitario, que determina la protección de la población civil y el derecho a la vida contemplado en la Constitución Nacional.