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PGN exhorta al gobierno a brindar atención inmediata a 7.000 nuevos desplazados de Nariño y Putumayo

Bogotá 11 de abril de 2007. Soluciones inmediatas para más de 7.000 colombianos desplazados que hoy viven en las calles, y "cuyo futuro inmediato depende exclusivamente de la acción y protección del Estado", exigió hoy el Procurador General de la Nación.

En carta enviada al Director General de Acción Social, Dr. Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, el Jefe del Ministerio Público describió, en primer lugar, la dramática situación de las poblaciones de La Tola y El Charco, en Nariño, donde alrededor de 4.900 personas, la mayoría niños y ancianos, son ahora víctimas del desplazamiento ante los intensos enfrentamientos que se registran desde el 22 de marzo, entre las farc, un grupo denominado Nueva Generación, al parecer de las autodefensas y la Infantería de Marina.

Son alrededor de 1.500 familias "que reclaman con urgencia atención inmediata que trascienda la ayuda humanitaria de emergencia hasta ahora suministrada, dada su condición de vulnerabilidad e indefensión", señaló el Procurador al exhortar al gobierno nacional, para que inmediatamente "asegure los recursos necesarios para atender a las víctimas y reestablecerles cuanto antes sus derechos, garantizándoles condiciones dignas para su reubicación o retorno si se dan las condiciones de voluntariedad y seguridad que el mismo exige".

La exigencia se extiende a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada, coordinado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional , a la que el Jefe del Ministerio Público le reconoció grandes esfuerzos y fuertes inversiones que sin embargo continúan siendo insuficientes frente a la magnitud del fenómeno del desplazamiento en Colombia.

Adicionalmente el Procurador expuso la situación de otros 3.000 desplazados, esta vez no por la violencia sino por las fumigaciones de cultivos ilícitos en el departamento de Putumayo, y manifestó la necesidad urgente de que el gobierno nacional "diseñe planes y programas que protejan los derechos de aquellas familias que si bien no han salido de sus regiones por ataques de grupos armados ilegales, si lo han hecho por las situaciones que se derivan de los fenómenos de narcotráfico y terrorismo que azotan al país".