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Por omisión en el ejercicio de sus funciones destituido procurador judicial de Valledupar

Bogotá, 9 de abril de 2007. Por no ejercer cabalmente su función como agente especial del ministerio público ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar y por omisión en denunciar irregularidades que se estaban presentando en ese despacho, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos público a un procurador judicial que ejercía sus funciones en Valledupar.

La determinación disciplinaria afecta al abogado y ex procurador Judicial Penal Uno, Pedro Luis Toro Sierra, a quien la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación le confirmó la sanción por omisión, por las irregularidades detectadas en el juzgado que tenía como sede el Comando Operativo No 7 con sede en Valledupar.

Según el informe del entonces Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, Brigadier General José Arturo Camelo Piñeros, en el despacho judicial en mención se descubrió en el mes de abril de 2003, que el 90% de las indagaciones preliminares se encontraban engavetadas y, además, procesos por homicidios en combate, fueron encontrados en una carpeta sin llevar a cabo recolección de prueba alguna.

En varias bolsas plásticas, que se encontraban en el archivo muerto, se hallaron 41 diligencias previas y denuncias penales remitidas a la justicia penal ordinaria por competencia, fueron encontradas sin fecha y sello de recibo o constancia secretarial; además se estableció que en numerosos casos por deserción, no se había recolectado prueba alguna para resolver la situación jurídica de los denunciados por este último delito.

Dentro del material recolectado por el ministerio público está la visita que se llevó a cabo al juzgado penal militar en donde se determinó que seis procesos, varios de ellos por homicidio, finalizaron con archivo del mismo por vencimiento de términos de la investigación preliminar; con el ingrediente adicional, que no se practicó prueba alguna con el fin de identificar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios.

Para la Procuraduría es evidente que el agente especial del ministerio público asignado al juzgado, no cumplió con su deber constitucional y legal tendiente a evitar las irregularidades.

Igualmente, se le cuestionó al señor Toro Sierra su omisión al ejercer sus funciones dentro de varios procesos en los que se investigaba entre otros hechos, como el abandono de puesto por parte de los miembros de la fuerza pública, tráfico de munición, abandono del servicio, falsedad, y homicidio; investigaciones que permanecieron inactivas durante un periodo de nueve meses a dos años, aproximadamente.

Por lo expuesto la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos y el mismo tiempo para contratar con el Estado. La determinación disciplinaria fue confirmada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.