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Cargos contra militares por omisión en combatir a paramilitares de Casanare

Bogotá, lunes 2 de abril de 2007. 8:00 a.m. Por incurrir presuntamente en graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por no proteger a los habitantes del municipio de Viota, Cundinamarca, del accionar de las Autodefensas Unidas del Casanare, por paramilitarismo y homicidio la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Capitán del Ejército Nacional Edgar Mauricio Arbelaez Sánchez.

Inicialmente al oficial Arbelaez Sánchez como Comandante de una compañía del Batallón de Infantería No. 28 Colombia, y al suboficial Eduardo Enrique Márquez Martínez se les cuestiona por el homicidio de dos personas en la vereda La Vega jurisdicción municipal de Viotá, en un aparente enfrentamiento con las Autodefensas, el 26 de junio de 2003.

Los trabajadores de la plaza de mercado de Fusagasuga fueron identificados como Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, quienes fueron retenidos por integrantes de las AUC en esa localidad y después de ser uniformados con prendas e insignias de las AUC los acribillaron por la espalda en la vía Viotá – Tocaima, y posteriormente fueron presentados por el oficial cuestionado, como presuntos paramilitares dados en bajo en combate.

El falso positivo fue descubierto, luego de la interceptación de varias llamadas a través de celulares, entre el oficial investigado y un jefe de las Autodefensas, donde se planeó la retención de dos personas y su posterior asesinato.

Al señor Arbelaez Sánchez se le cuestiona también por no llevar a cabo acciones efectivas para combatir a los paramilitares, que en los primeros meses del año 2003 efectuó acciones ilegales, como los homicidios de campesinos, amenazas y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que generó el desplazamiento masivo de campesinos, hacia el casco urbano.

En los cargos contra el oficial del Ejército de describe por ejemplo las anotaciones que el oficial hacía sobre personas señaladas como integrantes o colaboradores de la guerrilla, las mismas que posteriormente fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y amenazadas, por las Autodefensas lo que para el ministerio público es un indicio que el oficial suministraba información a los miembros de ese grupo ilegal.

Para al Procuraduría el oficial incurrió con su omisión en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que como Comandante Militar de la región, era su deber combatir al grupo al margen de la Ley y proteger a la población civil, no combatiente, como lo describen los protocolos internacionales.