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PGN pide eliminar normas que imponen restricciones a las víctimas para acceder a la justicia

Bogotá, viernes 30 de marzo de 2007. Declarar inexequibles los apartes del código de procedimiento penal que restringen los derechos de las víctimas para acceder a la Administración de Justicia, solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional.

Considera el ministerio público que la mera acreditación de la condición de víctima es suficiente para que ésta pueda participar en todo el desarrollo de la acción penal y pueda exigir la garantía de los derechos consagrados en la ley; por ello pidió apartar del ordenamiento jurídico las normas que exijen requisitos adicionales.

En primer lugar, considera la Procuraduría que existe una clara violación al derecho a la igualdad, cuando se permite que quien se presente como única víctima actúe directamente o a través del abogado que escoja o solicite; en cambio, si son varias las víctimas deberán ser representadas todas por un solo profesional del derecho escogido de común acuerdo o designado por el fiscal, e inclusive pueden llegar a quedar sin apoderado alguno. Por esta razón se solicita la inexequibilidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, que permite limitar el número de representantes de las víctimas a los defensores que intervengan en el juicio oral

Expresiones como “si el interés de la justicia lo exigiere”, (Artículo. 11, literal h, Ley 906 de 2004), que se refiere a la posibilidad que tiene la autoridad judicial de decidir si la víctima requiere o no la asistencia y representación judicial de un abogado viola el derecho de contar con un abogado durante la actuación penal.

En concepto de la Procuraduría, el condicionamiento incluido en la ley dejó abierta la posibilidad para que pudiera llegar a negársele a la víctima el derecho de intervenir en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, pues hoy solo le permite participar luego de la audiencia preparatoria mediante apoderado judicial.

El ministerio público consideró además que también debe declararse contrario a la Constitución Nacional, el artículo 137, numeral 4 de la misma ley, que señala “el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo”, pues deja en manos del fiscal la obligación de dirimir desacuerdos cuando hay varias víctimas, por cuanto ellas solo pueden designar dos abogados como máximo.

El ministerio público recuerda que las víctimas tienen derecho a participar en todas las fases de la actuación penal tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en recientes pronunciamientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material tiene como objetivo contribuir a suplir las necesidades informativas de nuestros colegas durante esta temporada. Les recordamos que este material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Feliz Semana Santa. Gracias.


104-07

Decisiones de la Procuraduría Regional de Arauca

Bogotá, sábado 31 de marzo de 2007. 8:00 a.m. A continuación se presentan las últimas decisiones adoptadas en el departamento de Arauca.

Pliego de cargos a teniente del Ejército en Tame

Por presuntamente privar de la libertad de manera ilegal a un ciudadano, la Procuraduría Regional de Arauca elevó pliego de cargos al señor Rafael Fernando Cristancho Prada, quien para la época de los hechos se desempañaba como teniente del Batallón de Ingenieros nro.18, acantonado en el municipio de Tame.

La acusación que se formula al señor Cristancho Prada consiste en haber privado de su libertad a Luis Yoghi Millán Montoya, el 21 de marzo de 2002, sin que hubiera existido situación de flagrancia que la justificara ni orden de autoridad judicial competente previa a la misma.

Sancionado ex secretario de obras de Arauca

Por no haber vigilado, en su condición de Secretario de Obras Municipal, la correcta ejecución el contrato de consultoría suscrito por el municipio de Arauca., la Procuraduría Regional de Arauca sancionó con multa equivalente a 90 días de salario devengado para la época de los hechos a Luis Alberto Carvajal Reyes.

De acuerdo con el fallo de primera instancia, la falta de diligencia del disciplinado determinó que el contrato de obra nro. 036 del 16 de abril de 2002, suscrito por el Alcalde de Arauca y el consorcio La Saya, cuyo objeto fue el mejoramiento de la Red de Vías para la Paz (tramo Arauca – La Saya) presentara en su ejecución notorias fallas y anomalías que no fueron advertidas y/o corregidas oportunamente.

105-07

Por posible obstaculización de procedimiento policial, Procuraduría levanta pliego de cargos contra concejal de Santa Marta

Bogotá, domingo 1 de abril de 2007. 8:00 a.m. Por posible extralimitación de su cargo, agresión a las autoridades y tratar de influir a otro servidor público valiéndose de su cargo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Concejal del Distrito Turístico de Santa Marta, Romualdo de Jesús Macías Sobrino.

Señala la investigación que en el momento en que la policía y funcionarios del SIETT (Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte) procedían a inmovilizar el vehículo de una particular, sobre el que pesaba un embargo y secuestro, el señor Romualdo intervino para detener el operativo utilizando su investidura.

El señor Macías Sobrino reconoció que no estuvo de acuerdo con el operativo adelantado por la Policía, y que por lo tanto discutió con los agentes de este ente, quienes afirmaron que el citado concejal profirió insultos y amenazas en su contra al no poder impedir dicho procedimiento.

La Procuraduría Regional del Magdalena consideró la actuación del servidor como falta gravísima al abusar de su autoridad actuando de manera injusta, extralimitándose en el ejercicio de su cargo, amenazando y agrediendo a las autoridades, y al tratar de influir en el procedimiento para beneficiar a un tercero.

El Ministerio Público recuerda que las normas constitucionales impiden a los servidores públicos utilizar su cargo para intervenir en un procedimiento legal para conseguir una actuación o decisión que le pueda generar un beneficio para sí o para terceros.

106-07

Por violación al DIH

Cargos contra militares por omisión en combatir a paramilitares de Casanare

Bogotá, lunes 2 de abril de 2007. 8:00 a.m. Por incurrir presuntamente en graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por no proteger a los habitantes del municipio de Viota, Cundinamarca, del accionar de las Autodefensas Unidas del Casanare, por paramilitarismo y homicidio la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Capitán del Ejército Nacional Edgar Mauricio Arbelaez Sánchez.

Inicialmente al oficial Arbelaez Sánchez como Comandante de una compañía del Batallón de Infantería No. 28 Colombia, y al suboficial Eduardo Enrique Márquez Martínez se les cuestiona por el homicidio de dos personas en la vereda La Vega jurisdicción municipal de Viotá, en un aparente enfrentamiento con las Autodefensas, el 26 de junio de 2003.

Los trabajadores de la plaza de mercado de Fusagasuga fueron identificados como Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, quienes fueron retenidos por integrantes de las AUC en esa localidad y después de ser uniformados con prendas e insignias de las AUC los acribillaron por la espalda en la vía Viotá – Tocaima, y posteriormente fueron presentados por el oficial cuestionado, como presuntos paramilitares dados en bajo en combate.

El falso positivo fue descubierto, luego de la interceptación de varias llamadas a través de celulares, entre el oficial investigado y un jefe de las Autodefensas, donde se planeó la retención de dos personas y su posterior asesinato.

Al señor Arbelaez Sánchez se le cuestiona también por no llevar a cabo acciones efectivas para combatir a los paramilitares, que en los primeros meses del año 2003 efectuó acciones ilegales, como los homicidios de campesinos, amenazas y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que generó el desplazamiento masivo de campesinos, hacia el casco urbano.

En los cargos contra el oficial del Ejército de describe por ejemplo las anotaciones que el oficial hacía sobre personas señaladas como integrantes o colaboradores de la guerrilla, las mismas que posteriormente fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y amenazadas, por las Autodefensas lo que para el ministerio público es un indicio que el oficial suministraba información a los miembros de ese grupo ilegal.

Para al Procuraduría el oficial incurrió con su omisión en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que como Comandante Militar de la región, era su deber combatir al grupo al margen de la Ley y proteger a la población civil, no combatiente, como lo describen los protocolos internacionales.

107-07

En fallo de Segunda instancia,

Sancionado alcalde de Fusagasugá (Cundinamarca)

Bogotá, martes 3 de abril de 2007. 8:00 a.m. Por irregularidades en contratación, la Procuraduría General de la Nación, suspendió por seis meses al alcalde municipal de Fusagasugá (Cundinamarca), Cesar Augusto Jiménez Rubiano, y lo inhabilitó por el mismo lapso para ejercer funciones públicas.

El mandatario declaró la urgencia manifiesta con el objeto de atender los requerimientos relacionados con la construcción de algunas obras para el desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales que fueron asignados al municipio de Fusagasuga, teniendo a su alcance otras alternativas que le permitirían realizar las obras con tiempo, bajo el sistema de la licitación como lo ordena el Estatuto Contractual.

Considera el Ministerio Público que si la actuación del burgomaestre frente a las justas deportivas, hubiera sido diligente, una vez posesionado como primera autoridad del municipio, hubiera realizado las acciones pertinentes para que las obras se hubieran ejecutado con el tiempo suficiente, es decir, haber adquirido el crédito a principios del año 2004 y haber adelantado el proceso de contratación bajo los principios consagrados en el estatuto contractual, lo que le daba mayor garantía a las obras que se iban a realizar.
Adicionalmente, la Procuraduría recordó el concepto emitido por la Contraloría que señala que la urgencia manifiesta <<debe mirarse como una figura excepcional a la cual podrá acudir la administración cuando circunstancias externas a su manejo se presenten y pongan en peligro la continuidad del servicio, situaciones relacionadas con los estados de excepción, calamidades públicas y situaciones de fuerza mayor o caso fortuito >>.
Teniendo en cuenta que el desarrollo de los Juegos Nacionales era una situación previsible, para la Procuraduría quedó demostrado que la conducta del señor Jiménez Rubiano no se ajustó a los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 y en consecuencia, produjo un resultado lesivo para el erario, al haber comprometido al municipio con una obligación financiera tan elevada, a pesar de que cuando se posesionó, existía en las arcas una partida presupuestal suficiente que si hubiera sido destinada para dichas obras, la obligación a contraer hubiera sido mínima.


108-07

Procuraduría extiende a todo el país centros de conciliación

Bogotá, miércoles 4 de abril de 2007.- 8:00 a.m. El enorme éxito y gran utilidad que ha significado para los capitalinos la posibilidad de acceder gratuitamente al servicio de conciliación en la Procuraduría General de la Nación, motivó a la Entidad a extender sus servicios a las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Medellín.

La importancia que representa el papel del ministerio público como tercero neutral en un espacio especialmente diseñado para promover la convivencia pacífica, motivó para presentar al Ministerio del Interior y de Justicia un proyecto de ampliación de los centros de conciliación a las principales capitales del país.

Mediante resoluciones independientes, el ministerio autorizó la creación de estos centros de conciliación que actualmente son adecuados con miras a iniciar la prestación del servicio en el mediano futuro.

En breve la ciudadanía de estas capitales y de sus alrededores, podrán contar con el servicio de conciliación en materia civil y de familia.

Solamente en Bogotá, se han atendido mas de cinco mil audiencias extrajudiciales de conciliación, en el Centro de Conciliación apenas inaugurado en 2006.

Quienes deseen más información sobre el funcionamiento de estos centros, la forma de acceder a sus servicios, los requisitos y las áreas que atiende, pueden escribir a centrodeconciliacion@procuraduria.gov.co


109-07

Fallo de primera instancia

Por irregularidades en contratación destituido ex alcalde de Tunja

Bogotá, miércoles 4 de abril de 2007.- 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al ex alcalde de Tunja, Pablo Antonio Guio Téllez, por haber firmado en el mes de diciembre de 2002, varios contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Según la investigación disciplinaria el señor Guio Téllez, entre el dos y 31 de diciembre de 2002, firmó 83 contratos directos con igual número de contratistas, para la compra de elementos de oficina, computadores, obras civiles en centros educativos, polideportivos, acueducto y alcantarillado y otras obras, por un valor superior a los seis mil millones de pesos.

El ministerio público determinó que el sancionado alcalde celebró y suscribió los contratos, sin evaluar la experiencia de los contratistas, los equipos a adquirir, igualmente que no se hizo un análisis de los precios del mercado para establecer el mas conveniente.

Según la Procuraduría la conducta desplegada por el entonces alcalde de Tunja, llevó a violación de la Ley 80 de 1993, que establece los requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo una contratación en forma directa, como lo hizo el señor Pablo Antonio Guio Téllez.

“Para el despacho resulta inexplicable que siendo el disciplinado la primera autoridad de un municipio tan importante como el de Tunja, capital del departamento de Boyacá, que para la época manejaba un presupuesto cercano a los setenta y siete mil millones de pesos, decida contratar de manera directa pensando solo en la formalidad, como que se satisfacían los requisitos legales de la contratación directa mediante la publicación de un aviso y la recepción de dos ofertas, pues según su criterio no estaba obligado a elaborar pliego de condiciones ni tenía que establecer en forma escrita parámetros de evaluación, lo cual quiere decir que conociendo de la existencia de estos otros requisitos distintos a los de publicidad y recibo de propuestas insiste en contratar sin aquellos.”

En el fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos al entonces Secretario de Contratación, Licitaciones y Suministros del municipio de Tunja, Ricardo Rodriguez Cuevas, por no cumplir con su deber de asesorar adecuadamente los procesos previos y de firma de los contratos de menor cuantía que llevó a cabo la alcaldía de Tunja en diciembre de 2002.

La falta contra los señores Pablo Antonio Guio Téllez y Ricardo Rodriguez Cuevas fue calificada como gravísima a titulo de dolo y por tal razón fueron sancionados con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.

El destituido alcalde de Tunja, Pablo Antonio Guio Téllez, no presentó alegatos de conclusión en su defensa y el señor Ricardo Rodriguez Cuevas, solo se limitó a solicitar la revocatoria directa y al archivo de la investigación, por la presunta violación al debido proceso, petición que resolvió el despacho, absteniéndose de pronunciarse en razón a lo improcedente de la petición presentada por el disciplinado.

Los afectados con la determinación disciplinaria, podrán interponer recurso de apelación que será resuelto en segunda instancia por el Despacho del Procurador General de la Nación.