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Destituido e inhabilitado actual Alcalde de Tame (Arauca)

Bogotá, 29 de marzo de 2007. La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general de 14 años al Alcalde de Tame (Arauca), Alfredo Ivan Guzman Tafur, por declarar la urgencia manifiesta, para celebrar contratos de obra y de prestación de servicios, sin que se cumplieran las exigencias legales.

En la investigación que se inició tras un informe de la Contraloría que advertía irregularidades en contratos firmados en marzo de 2005, fue posible comprobar que el burgomaestre aplicó la figura de la urgencia manifiesta para la celebración de ocho contratos, sin existir las causales previstas en la ley.

La Procuraduría desestimó el argumento de la defensa según el cual la declaratoria de urgencia, tuvo como propósito la protección de la población desplazada, y señaló que los objetos de los ocho contratos: el mejoramiento genético a través de la inseminación artificial de ganado vacuno, el de la infraestructura educativa, el de la infraestructura vial y de alcantarillado pluvial del municipio, no guardan relación directa con las razones expuestas para declarar la urgencia manifiesta.

Es evidente, dice el ministerio público, que esos objetos no pueden relacionarse directamente con el mejoramiento del orden público, ni constituyen mecanismos que permitan por sí solos, mejorar la pacífica convivencia y el orden económico y ecológico.

“Ello explica el hecho de que, a pesar de haber declarado la emergencia económica el 24 de enero de 2005 y de haber declarado la urgencia manifiesta el 5 de marzo del mismo año, con fundamento en la cual, en ésta última fecha, se suscribieron los aludidos contratos, la situación de orden público no mejoró, ni se modificó, como puede corroborarse en los informes presentados al señor Guzmán Tafur, en su condición de alcalde del municipio, entre el 5 de marzo de 2005 y el 10 de mayo del mismo año, que dan cuenta de masacres, atentados y desapariciones de la población civil y enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley”, advierte la Procuraduría.

La falta fue considerada como gravísima cometida a titulo de dolo, especialmente porque el alcalde Guzmán conocía antes de declarar la urgencia manifiesta cuales eran los contratos que se iban a celebrar, ya que con ellos lo que pretendía, en últimas, era la inversión de unos recursos entregados por el Departamento de convenios interadministrativos cuyos plazos se encontraban próximos a vencer y a los que no se había dado ejecución, con lo que en concepto de la Procuraduría demuestra que su intención no era conjurar la situación existente, sino ampararse en ella, para celebrar contratos que en manera alguna habrían servido para solucionarla.