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Confirmar condenas por masacre de Mapiripán pide Procuraduría

Bogotá, 26 de marzo de 2007. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia confirmar la condena de 40 años de prisión impuesta al Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Pardo y a Julio Enrique Flores González miembro de las autodefensas y de 32 años al sargento José Miller Urueña Díaz, por la masacre de Mapiripán, ordenada por el estado mayor de las AUC en cabeza de Carlos Castaño Gil.

Los hechos iniciaron el 12 de julio de 1997, cuando aterrizaron dos aviones en el aeropuerto de San José del Guaviare, con miembros fuertemente armados de las autodefensas de Córdoba y Urabá, provenientes de Necoclí y Apartadó-Antioquia.

Posteriormente fueron transportados en camiones y se unieron con paramilitares de Casanare y Meta y sin ningún inconveniente ni control de la fuerza pública ni en su arribo, ni durante su transporte, llegaron a Mapiripán cuya población había sido declarada objetivo militar por las autodefensas, con el propósito de erradicar el dominio consolidado de un frente de la subversión.

Allí tomaron control de las comunicaciones y permanecieron “desde el 15 al 20 de julio y durante ese periodo impidieron la circulación, torturaron, desmembraron y degollaron aproximadamente a 49 personas, cuyos restos arrojaron al río Guaviare”. Posteriormente incursionaron en el corregimiento La Cooperativa donde asesinaron a cuatro personas más.

Solo el 22 de julio siguiente, la fuerza pública llegó al lugar, cuando inclusive ya lo habían hecho los medios de comunicación.

Encuentra la Procuraduría pruebas suficientes sobre la omisión de la Fuerza Pública desde el momento del arribo del grupo paramilitar.

El comandante lino Hernando Sánchez Prado contaba con toda la infraestructura para atender el angustioso llamado de la población civil y aún encontrándose muy cerca al sitio de los hechos, solo seis días después de la masacre se hizo presente.

El suboficial José Miller Urueña Díaz, encargado de la unidad militar encargada de registrar las aerononaves y los ocupantes, con absoluta negligencia omitió su obligación porque según se dice, sabía quienes y que transportaban y su función era facilitar su llegada y lo hizo.

Sobre Julio Enrique Flórez González, miembro del grupo paramilitar condenado como autor material, argumentó, como los anteriores, múltiples irregularidades en el proceso, pero además un supuesto error de identidad que la justicia pudo desvirtuar.