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Inactividad del Estado provocó desplazamiento masivo en Bojayá: Procuraduría

Bogotá, 22 de marzo de 2007. Los departamentos de Chocó y Antioquia también son responsables, por omisión por los hechos que obligaron al desplazamiento forzado de cientos de personas tras enfrentamientos entre las autodefensas y las Farc, que produjeron la muerte de 119 personas y heridas a 114, en el municipio de Bojayá, en mayo de 2002.

Así conceptuó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada ante el Consejo de Estado que estudia la apelación hecha por la Policía y el Ejército Nacional, ante el fallo del Tribunal Administrativo de Chocó que condenó al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional a indemnizar a quienes debieron abandonar sus hogares y negocios para salvar sus vidas.

Los argumentos de la fuerza pública según los cuales en el proceso se violó la seguridad jurídica, el principio de cosa juzgada, y el debido proceso, no encontraron eco en el ministerio público, como tampoco la versión según la cual “el Estado a través de su fuerza pública no tenia las condiciones o posibilidades de evitar la situación que se presentó”.

Recordó la Procuraduría que desde el año 2000, la población estaba conviviendo con los terroristas, pues tras una incursión de las Farc que destruyó la estación de Policía y provocó el retiro de la fuerza pública del lugar, la política estatal dejó a los habitantes de la zona abandonados a su suerte y sometidos al poderío de los insurgentes.

La Policía decidió simplemente no volver y las fuerzas militares no desplegaron actividades en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad de los habitantes de la región, como lo manda la ley, señaló el ministerio público.

Agregó que aunque el trámite dado a una alerta temprana emitida fue ágil, la inactividad de las instituciones encargadas de garantizar el respeto a la vida de los habitantes de la región, propició y facilitó la consumación del trágico hecho y generó un masivo desplazamiento forzado.

Dos solicitudes adicionales presentó la Procuraduría al Consejo de Estado. La primera que la indemnización ordenada por el tribunal, se cancele solamente a aquellos sobre quienes esta probada su condición de desplazados de Bojayá, y la segunda que se recomiende en la sentencia al Ministerio de Defensa iniciar la acción de repetición contra las gobernaciones de Antioquia y Chocó, por omisión.

Señaló que las administraciones departamentales son responsables porque entre sus deberes esta el “(…) de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios”, y tenían la obligación de acudir a todos los mecanismos posibles para obtener protección a los habitantes de este municipio, ubicado en los límites de los dos departamentos.

Finalmente señaló que la ausencia del Estado en esta zona, afectada por la pobreza absoluta y el total abandono, pese a su riqueza hidrológica, minera y ecológica, permitió que se convirtiera en lugar apetecido por fuerzas armadas ilegales para ocultarse y realizar desde allí operaciones económicas que hacen crecer sus arcas.