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Miembros de comunidades negras piden revocar
Adjudicación de 50 mil hectáreas en Jiguamiandó y Curvaradó

Bogotá, 15 de Marzo de 2007. Un grave peligro para los derechos adquiridos por las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó, advirtió la Procuraduría General de la Nación, al conocer que miembros de las comunidades negras solicitaron revocar la decisión mediante la cual les fueron adjudicadas mas de 50 mil hectáreas.

La inexplicable solicitud de los señores Emiliano Romaña Salcedo y Manuel Denis Blandon, quienes aducen su condición de afrodescendientes, pretende la revocatoria directa de la Resolución No. 2801 de noviembre de 2000 por medio de la cual el extinto INCORA adjudicó, las tierras a las comunidades negras al Consejo Comunitario del Rio de Jiguamiandó.

Con el argumento de que la visita técnica a los predios adjudicados, no se realizó en debida forma y por ende, no se verificó correctamente la información socio-cultural de los habitantes de la comunidad, sustentan una presunta violación de la Constitución y la ley, posición que no comparte la Procuraduría.

El Ministerio Público, por el contrario, advierte sobre el irreparable daño que se puede ocasionar con una decisión en este sentido pues las comunidades negras corren el riesgo de perder un territorio que legalmente les fue adjudicado

Agrega que los actuales beneficiarios de la adjudicación se verían abocados a iniciar nuevamente un proceso, que podría durar varios años y que se definiría bajo el régimen de una nueva ley agraria, distinta a la que existía al momento en que se realizó la adjudicación, en detrimento de los derechos adquiridos que hoy tienen sus miembros y que a su vez les podría generar condiciones distintas en una futura adjudicación.

También el representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Curvaradó, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de delimitación o deslinde que adelanta el Incoder sobre los territorios colectivos adjudicados aduciendo que la resolución por medio de la cual se inició el citado proceso, nunca se le ha notificado y, por ende, no ha podido expresar su posición frente a la información que obra en el expediente.

La Procuraduría General de la Nación considera que se generará una dilación innecesaria en un trámite que ya ha otorgado seguridad jurídica a los miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó y Jiguamiandó.