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Procuraduría pide inconstitucionalidad de registros sin orden judicial

Bogotá, 14 de marzo de 2007. Por considerar que el artículo 350, numeral 4º, de la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal- que faculta a la policía judicial efectuar allanamientos sin orden judicial luego de la captura, viola la Constitución, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del mencionado artículo.

Según el ministerio público la norma demandada vulnera los artículos 28 y 250, numeral 2º de la Constitución Política, pues permite el allanamiento y registro de inmuebles, naves o aeronaves sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, en eventos distintos al estado de flagrancia, y desconoce la competencia asignada a la Fiscalía General de la Nación para expedir las ordenes de allanamiento.

Para la Procuraduría la facultad otorgada por el Código de Procedimiento Penal, desconoce la reserva judicial y dos derechos fundamentales, como son el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Además se podría prestar para que las autoridades de policía judicial realicen cuantos allanamientos y registros deseen, luego de capturar al investigado, imputado, acusado o condenado.

Igualmente, la amplitud de la disposición es tal que ampara los registros realizados en domicilios, naves o aeronaves de personas distintas al procesado o condenado, desprotegiendo los derechos fundamentales antes referidos.

«El ministerio público no encuentra ninguna justificación medianamente admisible para otorgar a las autoridades de Policía Judicial una atribución totalmente desprovista de garantías, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas cuya morada puede ser allanada y registrada sin orden de autoridad judicial competente.»