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Procuraduría destituyó a policías por retención, tortura y homicidio de un joven en Medellín

Bogotá 13 de marzo de 2007. Por retención ilegal y posterior homicidio de un hombre señalado de complicidad en el hurto de un vehículo en la ciudad de Medellín, la Procuraduría General de la Nación destituyó a tres ex miembros del Grupo Automotores de la capital del departamento de Antioquia.

Se trata del entonces jefe de la Sección de Automotores de la Sijin de Medellín, Teniente –ahora capitán- Iván Darío Giraldo Castaño, el Sargento de la Policía Nacional, José Joaquín Vaquiro Molina y el patrullero Jean Fernando Espinosa Lopera, quienes fueron afectados con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 20 años.

Al señor oficial Giraldo Castaño el ministerio público lo encontró responsable de no colocar a disposición de autoridad judicial al capturado el 8 de junio de 2002, la tortura y posterior homicidio de Giovanni Aguirre Soto.

Según la investigación disciplinaria el joven fue capturado por los integrantes del Grupo de Automotores de la Sijin, en el parqueadero de la capital del departamento de Antioquia en momentos que se disponía a retirar un automotor de marca Hyunday, color verde, que había sido hurtado días antes en una de las calles de Medellín.

El joven Aguirre Soto fue capturado por los miembros de la policía después de una persecución y lo introdujeron en el baúl de carro hurtado y posteriormente fue entregado a un oficial superior de la institución. El retenido por la policía fue encontrado al día siguiente muerto en el baúl del automotor, con señales de tortura, tenía fracturas y algunas partes del cuerpo calcinadas.

Para el ministerio público la captura del joven Giovanni Aguirre Soto, se mantuvo en total clandestinidad, ya que el procedimiento no fue reportado, en el Comando de Policía de Medellín ni a la Sijin, no dejaron constancia en los registros sobre la recuperación del automotor hurtado y hallado en el parqueadero Colonial.

Además de lo anterior, el detenido no fue colocado a órdenes de autoridad competente y el capturado fue sometido a trato cruel, inhumano y degradante, al ordenar el oficial Giraldo Castaño, su traslado en el baúl del vehículo recuperado.

El oficial sancionado indicó en sus descargos que no reportó la captura y la recuperación del automotor, porque esta actividad la debía desarrollar el oficial superior al cual fue entregado el capturado, con el vehículo recuperado y el arma de fuego decomisada por los policiales.

Para el ministerio público si bien es cierto que no se comprobó la autoría directa del oficial en el homicidio del capturado, si su responsabilidad disciplinaria en este suceso, así como también su omisión al no reportar la detención y la recuperación del automotor y la suerte de la persona capturada.

En cuanto al sargento José Joaquín Vaquiro Molina y patrullero Jean Fernando Espinosa Lopera, la Procuraduría los sanciona por violar los derechos del capturado, al introducir por la fuerza dentro del baúl de automotor al detenido y por omisión en informar a la autoridad competente y a sus superiores sobre el operativo que se llevó a cabo el 8 de junio de 2002 en la ciudad de Medellín.

La Procuraduría califico la falta de los policiales de gravísima a título de dolo y por tal razón los sanciona con destitución e inhabilidad de 20 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado.

Contra la sanción disciplinaria de única instancia, procede el recurso de reposición, que será resuelta por el despacho del Procurador General de la Nación.