INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 075

En el caso del Gobernador Hernando Molina Araujo

Procurador presenta al Congreso impedimiento institucional

Bogotá, 8 de marzo de 2007. En carta enviada a la Presidenta del Congreso de la República, Dilian Francisca Toro, el Jefe del Ministerio Público solicitó la designación de un Procurador Ad-hoc que actúe como Ministerio Público en la investigación que se inició contra el Gobernador del Cesar Hernando Molina Araujo, en razón del vínculo de afinidad que tiene con el investigado.

Señaló el Procurador que aunque en el marco estrictamente legal se podría concluir que el impedimento es inexistente, la solicitud obedece a razones esencialmente éticas

Agrega que su solicitud “…tiene asidero en los principios de transparencia, moralidad pública, igualdad, entre otros, como la necesidad de mantener incólumes la independencia y autonomía propias de este órgano de control.”

En relación con la figura del Procurador Ad-hoc, advierte que “Si bien dicha figura no está contemplada en las normas especiales que rigen las actuaciones de la Procuraduría General, ello tampoco significa que esté prohibida constitucional o legalmente”.

A continuación el texto completo de la misiva remitida el día de ayer a la Presidencia del Senado de la República:

 

 

Bogotá, D.C., marzo 7 de 2007
D.P. 0260

Doctora
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Presidenta del Congreso de la República
Ciudad

Ref: Impedimento institucional caso Gobernador HERNANDO MOLINA ARAUJO

Respetada Presidenta:

La Constitución Política, en su artículo 277, señala como una de las funciones que debe cumplir el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes “intervenir en los procesos y ante la autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” (subrayo).

En ejercicio de esta competencia, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, en el proceso que se inicia y como lo hace en todos los casos, definir si interviene como Ministerio Público, toda vez que su actuación es discrecional. Sin embargo, en razón del vínculo de afinidad entre el investigado y el Jefe del Ministerio Público, y por la función que en estos procesos deben cumplir los agentes del Procurador General, la decisión de intervenir o no el proceso de la referencia podría entenderse determinada no por el cumplimiento de una función constitucional, sino por el nexo entre el sujeto procesal y el Jefe del Ministerio Público, circunstancia que me impone el deber ético de plantear la existencia de un impedimento para actuar en el caso de la referencia a través de los delegados o agentes, toda vez que la intervención de cualquier servidor de la entidad podría cuestionarse a partir de los lazos existentes entre el investigado y el superior de quien realiza la intervención. Impedimento éste que habría de calificarse como institucional o general.

En el marco estrictamente legal se podría concluir que el impedimento que aquí se plantea es inexistente. Sin embargo, razones esencialmente éticas me imponen el deber de solicitar al Senado de la República, como órgano que elige al Procurador General, y si así lo considera, designe un Procurador Ad-hoc que actué como Ministerio Público en el caso de la referencia. Este impedimento tiene asidero en los principios de transparencia, moralidad pública, igualdad, entre otros, como en la necesidad de mantener incólumes la independencia y autonomía propias de este órgano de control.

La coyuntura hace necesario que el Senado de la República examine el impedimento que aquí se plantea, lo repito, desde una perspectiva ética y no simplemente legal, toda vez que más allá del hecho de si un funcionario de la Procuraduría, cualquiera que él sea, puede actuar en este proceso judicial, se debe zanjar toda duda que pueda surgir en la sociedad, cuyo representante es el Procurador General de la Nación, sobre la forma en que ejerce la función constitucional a él asignada.

La institucionalidad y el mantenimiento de los supuestos del Estado de Derecho, exigen que el Senado de la República examine si el nombramiento de un Procurador Ad-hoc es viable, pues si bien dicha figura no está contemplada en las normas especiales que rigen las actuaciones de la Procuraduría General, ello tampoco significa que esté prohibida constitucional o legalmente, máxime en una situación como la presente, en la que se busca impedir que el proceso que se inicia se vea entorpecido por señalamientos que en nada benefician el proceso de justicia y verdad en que está empeñado el Estado colombiano y que se ponga en entredicho la autonomía e independencia del órgano que represento, principios éstos que he venido defendiendo y practicando a lo largo de esta administración.

La designación del Procurador Ad-hoc debe agotar el proceso de postulación y elección del Procurador General de la Nación, es decir, la integración de una terna por parte del Presidente de la República, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia y la posterior elección del Senado de la República (artículo 276 de la Constitución), nombramiento que por los términos del proceso penal no puede tomarse mucho tiempo, tal como sucedió en el pasado, en donde esta clase de elección duró hasta cinco años.

Mientras el Senado de la República decide esta solicitud, he dado la orden de no intervenir en el citado proceso, salvo en aquellas actuaciones formales que por disposición legal son necesarias para su normal desarrollo.

De la señora Presidenta,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación