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Decisiones disciplinarias en el departamento de Norte de Santander

Bogotá, 6 de marzo de 2007. La Procuraduría General de la Nación mediante fallos de segunda instancia profirió las siguientes decisiones disciplinarias, a través de la regional de Norte de Santander:

Revocada decisión en caso de ex alcalde municipal de Pamplonita (Norte de Santander)

La Procuraduría, en fallo de segunda instancia, revocó en todas sus partes el fallo proferido en octubre 10 de 2006 por la Procuraduría Provincial de Ocaña, mediante el cual se destituía e inhabilitaba por 10 años para ejercer cargos y funciones públicas al ex alcalde de pamplinita, señor Luis Lizcano Contreras.

En consecuencia, el ex funcionario quedó absuelto de toda responsabilidad disciplinaria por los hechos relacionados con su presunta participación en el cierre de una campaña política en octubre de 2003.

Tras revisar las pruebas allegadas al proceso el ministerio público concluyó que la prueba aportada al proceso no permite evidenciar con claridad la participación del señor Luis Lizcano en un acto político.

Así mismo, la Procuraduría concluyó que el ex mandatario no intervino en la entrega de materiales de construcción con fines políticos, cargo que en su momento se le endilgó con base en la declaración de un testigo.

En ese sentido se determinó que la entrega de los materiales «obedecía a la ejecución de un programa de la administración municipal de Pamplonita, relacionado con la construcción de unidades sanitarias».

Finalmente, la Procuraduría desestimó los hechos relacionados con la supuesta participación del señor Lizcano Contreras en la designación de una candidata a la alcaldía de ese municipio en reunión adelantada con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

Declarada nulidad de actuación disciplinaria contra alcalde de Regidor (Bolívar)

La Procuraduría Regional de Norte de Santander declaró la nulidad de la actuación disciplinaria adelantada contra el señor Luis Alfonso Santodomingo Montesinos, alcalde municipal de Regidor (Bolívar) investigado por supuestas irregularidades en la suscripción de varios contratos.

El ministerio público adoptó esta decisión tras considerar que «se desconoció el principio de la legalidad disciplinaria al omitirse citar la norma que en forma precisa, disciplinariamente consagra como falta la conducta imputada como tal al investigado».
Se evidencia entonces que este requisito no se cumplió en el auto citatorio para audiencia pública que se le formuló al investigado.