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PGN pide inexequbilidad de facultad de ejecutivo para fijar tarifas de salud

Bogotá, 26 de febrero de 2007. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 42 de la Ley 812 de 2003, por medio del cual se entrega facultades al Ministerio de Protección Social, para establecer las tarifas mínimas que deben cancelar los ciudadanos por concepto de la prestación de servicios de salud.

Para el ministerio público la mencionada facultad dada al ejecutivo, por el legislativo, a través de la Ley 812 de 2003, viola el artículo 338 de la Constitución Política, ya que, según la norma constitucional el Congreso de la República puede otorgar dichas facultades a las autoridades administrativas, siempre y cuando les sean fijadas las reglas y método con que se ha de fijar la respectiva tasa y, así mismo, la distribución de la misma.

El artículo 42 de la Ley 812 de 2003, “por medio de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, faculta al Ministerio de Protección Social, para establecer un sistema de tarifas mínimas para la prestación de servicios de salud, sin fijar las reglas para el recaudo y, por lo tanto, es inconstitucional en concepto del ministerio público.

La Procuraduría solicita adicionalmente a la Corte Constitucional que defina si la tarifa mínima por la prestación de los servicios de salud resulta indispensable para el buen funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud y, de ser así, exhorte al Congreso de la República para que en acatamiento al artículo 338 de la Carta Política, determine los criterios bajo los cuales debe fijarse la referida tarifa.