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Decisiones en el departamento de Santander

Bogotá, domingo 25 de febrero de 2007. En cumplimiento de sus funciones disciplinarias, la Procuraduría Provincial de Ocaña (Norte de Santander) profirió las siguientes decisiones:

Procuraduría sanciona a personera de Aguachica (Cesar)

Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la actual personera municipal de Aguachica (Cesar), Adriana Quiñones Alfonso, por obstaculizar las investigaciones realizadas por este organismo de control.

La Procuraduría señaló que la funcionaria dilató de forma injustificada algunos trámites dentro de un proceso disciplinario, ocasionando con su conducta que prescribiera la investigación.

La señora Quiñones Alfonso recibió el 7 de julio de 2004 el expediente disciplinario y solo hasta el 10 de junio de 2005 lo regresó, es decir que lo retuvo por más de 10 meses, sin que pudiera justificar la mora en el trámite.

Destituido ex alcalde de Pamplonita (Norte de Santander)

Por indebida participación en política, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al señor Luis Lizcano Contreras, ex alcalde del municipio de Pamplonita (Norte de Santander).

La investigación concluyó que el señor Lizcano Contreras utilizó su cargo como primer mandatario de Pamplonita para apoyar a una candidata a la alcaldía del municipio en mención durante el cierre de su campaña política en octubre de 2003.

La falta cometida por el ex mandatario fue calificada por el ministerio público como gravísima a título de dolo.

Destituido alcalde de Regidor (Bolívar) por irregularidades
en contratación

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos al señor Alfonso Santodomingo Montesinos, actual mandatario del municipio de Regidor (Bolívar) quien suscribió varios contratos de prestación de servicios sin el lleno de los requisitos legales.

El señor Santodomingo Montesinos celebró los contratos de prestación de servicios de apoyo a gestión con dos fundaciones sin contar, en ambos casos, con el certificado de responsabilidad presupuestal para garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender dichos gastos.