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Procuraduría pide definir condiciones de reclusión de miembros de comunidades indígenas

Bogotá, 22 de febrero de 2007. El Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional pronunciarse sobre el alcance de la sentencia T-1294 de 2005, la cual considera como legítimo que la justicia indígena, luego de imponer a un individuo bajo su competencia una pena privativa de la libertad, disponga que ésta sea purgada en un establecimiento de reclusión de la justicia ordinaria.

Esta solicitud se realizó en el marco del proceso de revisión de las sentencias de tutela por medio de las cuales los jueces promiscuo municipal de Caldono y Segundo Civil del Circuito de Santander de Quilichao declararon improcedente la petición de tutela interpuesta por el indígena Leonidas Acaló en contra de los Resguardos Indígenas de Caldono y Pioyá. Es de señalar, el Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez insistió ante la Corte Constitucional para la revisión de dichas sentencias.

La Procuraduría presenta esta solicitud como resultado del seguimiento realizado a las condiciones de detención de los indígenas que han sido condenados por la jurisdicción especial indígena a cumplir su pena en el Epcams de San Isidro (Popayán). El Procurador General de la Nación solicitó pronunciarse sobre tres aspectos:

- Algunas autoridades paeces han condenado a los integrantes de su comunidad a penas superiores al máximo legal que es de 50 años. De acuerdo con un informe presentado el pasado 10 de enero por el director del citado centro de reclusión, cinco de los 20 indígenas paeces remitidos por la Jurisdicción Indígena a este centro fueron condenados a 60 años de prisión. Al respecto, el Jefe del Ministerio Público consideró que siendo la prisión un uso de reciente incorporación por las comunidades indígenas, las autoridades de éstas deben respetar la pena máxima legal pues esta hace parte del núcleo fundamental del principio de legalidad de los delitos y las penas. Además, la pena máxima legal es fruto de un consenso social y político, recogido en el Congreso de la República, en el cual hay representantes de las mencionadas comunidades.

- Los indígenas condenados por la jurisdicción indígena, están cumpliendo sus penas sin tener acceso a la redención de penas por trabajo y estudio, ello, a pesar de que dicha práctica está contemplada en el derecho paez. Sobre este punto, el Procurador General de la Nación, expresó que las garantías en la fase de ejecución penal hacen parte del núcleo del derecho al debido proceso que las autoridades indígenas deben respetar. Agregando que esto no vulnera el derecho a la autonomía indígena ni el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, pues la concesión de beneficios durante la privación de la libertad no va en contravía del derecho paez, todo lo contrario, se da en el marco de la coordinación de ambas jurisdicciones.

Por ello, consideró que sería deseable, por ejemplo, suscribir un convenio entre el Consejo Superior de la Judicatura, los Jueces de Ejecución de Penas y las autoridades indígenas con el fin de que las garantías en la fase de ejecución penal concedidas a los condenados por la jurisdicción especial indígena, sean producto del trabajo conjunto entre los jueces de ejecución de penas y las autoridades indígenas.

- La Procuraduría constató que en algunos casos se produce el “abandono” de los indígenas por los cabildos. En este sentido, el Jefe del Ministerio Público, señaló que este abandono es similar a la práctica cultural de expulsión de la comunidad paez que se aplica a quienes han cometido una infracción grave a las normas comunitarias. Dado que la prisión hace parte del aparato de justicia occidental, el Procurador General de la Nación considera, que si las autoridades indígenas “abandonan” al infractor durante el periodo de privación de la libertad, , el individuo indígena debe ser atendido por el Estado, lo cual significa, que los jueces de ejecución de penas deben realizar el seguimiento a la fase de ejecución penal, bajo los criterios de la ley ordinaria. Se resalta, que esto sólo será posible en los casos de abandono del condenado indígena por sus autoridades.

Finalmente, la Procuraduría coincide con la OACNUDH en afirmar que «‘las características de un establecimiento como el de San Isidro distan de ser compatibles con los usos y costumbres tradicionales de las personas indígenas, lo que afecta su identidad y cultura’».

Por lo anterior, considera necesario definir las condiciones en que los indígenas condenados por la jurisdicción especial indígena deben cumplir la pena privativa de la libertad, cuando lo hacen en establecimientos de reclusión del orden nacional.