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Por irregularidades en obras en San Pablo (Bolívar), confirman destitución

Bogotá, domingo 18 de febrero de 2007. La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución proferida contra dos directivos de igual número de asociaciones de municipios por irregularidades en las obras para la modernización del acueducto y alcantarillado del municipio de San Pablo (Bolívar).

El ministerio público sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, a Abid Abdala Torres, ex representante legal de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar (Amusur) y Carlos Cuestas Benítez, en ese entonces representante legal de la Asociación de Municipios de los Montes de María (Asomaría).

El ministerio público encontró responsable al señor Abdala Torres de los sobrecostos que se generaron en la canalización del caño San Pablito y de haber iniciado la ejecución del contrato para la modernización de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, sin contar con los estudios técnicos, sin planos, cálculos, diseños y estudios de suelos.

Además se encontró qué la obra está abandonada, inconclusa y sin opción cercana al funcionamiento, y sin prestar el servicio para el cual fue financiada con recursos de regalías.

En cuanto al señor Carlos Cuesta Benítez se le sancionó por no cumplir adecuadamente con el proceso de control, seguimiento y vigilancia, que debía llevar a cabo como interventor.

Para la Procuraduría la falta de control, seguimiento y administración que eran entre otras las funciones de la interventoría contratada, dieron lugar a que se ejecutaran obras sin las especificaciones técnicas adecuadas y definidas, sin la consideración de procedimientos constructivos acordes con lo que se pretendía en el proyecto de infraestructura investigado. “Ello precisamente derivo en resultado nefasto no solo para la comunidad de San Pablo (...) sino al patrimonio público de la Nación y del municipio que de sus arcas efectuaron las respectivas apropiaciones para invertir en la realización de esta obra pública de alta envergadura”, afirma el su fallo el ministerio público.