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Cargos por presunto uso irregular de vehículo comprado
para ambulancia
 

Bogotá, sábado 10 de febrero de 2007 - 8:00 a. m. Por haber asignado para uso particular un vehículo que fue comprado con destino al hospital local como ambulancia, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ex alcalde del municipio de Ricaurte (Nariño), Luís Orlando Hernández Guango.

Al señor Hernández Guango, como alcalde de Ricaurte, el ministerio público le cuestiona por haber comprado con dineros del Fondo Local de Salud, un vehículo campero Toyota Prado, para ser utilizado como ambulancia en el hospital local, y el automotor fue asignado por el funcionario, para el para transporte particular del burgomaestre y sus escoltas.

La determinación disciplinaria afecta a los ex directores de la IPS Centro de Salud Ricaurte, George Eladio Osorio Marca y José Aimer Moreno Rodríguez.

El ex director del Centro de Salud Ricaurte, Osorio Marca, deberá explicar su conducta por presuntamente haber aceptado y coadyuvado que el vehículo que tenía como destino el centro asistencial, fuera utilizado por el alcalde para uso particular y en su lugar admitir la entrega de un vehículo que no era apto para ser utilizado como ambulancia.

Por su parte el también ex director del centro asistencial, Moreno Rodríguez, tendrá que presentar sus descargos ante la Procuraduría , por cuanto siendo conocedor del hecho irregular antes relatado, no exigió la devolución del vehículo de propiedad del Centro de Salud que dirigía y permitió que siguiera siendo utilizado por parte de la Alcaldía el automotor asignado a su dependencia.

Los dos ex directores se les cuestiona además por no poner en conocimiento de la autoridad competente tal situación, a fin de que se iniciaran las investigaciones correspondientes, con lo cual, pudieron incurrir en omitir, retardar la denuncia de faltas gravísimas cometidas por servidores públicos.

Los señores Luís Orlando Hernández Guanga, alcalde municipal de Ricaurte, Nariño y Oscar Portilla Gómez, Director de Planeación de la misma localidad, deberán explicar al ministerio público, su responsabilidad en la compra de una volqueta y retroexcavadora en condiciones al parecer no apropiadas por un costo de 200 millones de pesos.

Al parecer, los disciplinados Hernández Guango y Portilla Gómez, aceptaron que el contratista suministrara maquinaria defectuosa, ya que para poner en funcionamiento la volqueta el municipio debió cancelar una suma superior a los 10 millones de pesos, por concepto de reparación y mantenimiento del automotor.

Por otra parte, se encontró en las cláusulas del contrato citado que la retroexcavadora, debió se entregada 60 días después de perfeccionamiento del mismo, sin embargo, después de solicitar varios plazos la firma contratista se presentó al municipio de Ricaurte con una retroexcavadora que no cubría las expectativas de la administración municipal, por lo que ésta se abstuvo de recibirla.

Por último, para el ministerio público existe un posible sobre costo, toda vez que en el 2005 se solicitaron cotizaciones sobre una volqueta de iguales características y la empresa cotízate informó que dicho vehículo tiene un valor comercial entre 60 y 65 millones de pesos, en óptimas condiciones.

En cuanto a la retroexcavadora la misma firma la cotizó entre 105 y 115 millones de pesos, en óptimas condiciones de operación y mecánicas.

Sin embargo la contratación, se realizó por 200 millones de pesos, es decir, 80 millones la volqueta y 120 millones la retroexcavadora.