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Facultades extraordinarias para fijar el procedimiento de gestión frente a gastos reservados es inconstitucional

Bogotá, viernes 9 de febrero de 2007. El Procurador General de la Nación consideró inconstitucional las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno nacional para que éste determine el procedimiento al que él mismo debe ceñirse en la gestión de los gastos reservados.

Esto, a propósito de una demanda interpuesta por un ciudadano contra la Ley 1097 de 2006 «por la cual se regulan los gastos reservados», es decir, aquellos gastos que se destinan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.

En concepto emitido ante la Corte Constitucional el ministerio público manifestó que al Presidente de la República se le otorgaron facultades extraordinarias para definir este aspecto en la gestión de los gastos reservados sin que se cumplieran los requisitos legales para concederle tales potestades.

Para entregar facultades extraordinarias al primer mandatario es indispensable « que la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje», es decir que existan razones válidas que justifiquen la necesidad o urgencia de concederlas, lo cual, a juicio de la Procuraduría , no se evidencia.

Por tanto, «resulta acertado afirmar que dadas las particularidades características y especial relevancia de la materia objeto de delegación, se requiere que la misma sea regulada en el seno del máximo escenario de deliberación política del Estado, esto es el Congreso de la República , puesto que solo así es posible garantizar la efectividad del control político que sobre los gastos reservados le corresponde, en representación de la ciudadanía».

Además, resulta inconveniente (artículo 150, numeral 10 Constitución Política) que el Gobierno sea quien defina el procedimiento que debe regir las erogaciones que él mismo realice con cargo a los gastos reservados . Es pertinente entonces que el Congreso de la República asuma su competencia y regule este proceso al que tendrá que sujetarse el Gobierno al gestionar estos recursos.

Por otra parte, el ministerio público precisó que «la institución de los gastos reservados que consagra la Ley 1097 de 2006, resulta compatible con los postulados en que se fundamenta el Estado Social y Democrático de Derecho, no obstante el riesgo objetivo que la misma y la actividad de inteligencia a la cual se destina, suponen para la vigencia efectiva de aquellos, cuando transgreden el marco jurídico-político que les sirve de justificación».