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Mujeres privadas de la libertad: urgen medidas para proteger y garantizar sus derechos humanos

Bogota, 4 de febrero de 2007. La Procuraduría General de la Nación realizó una experiencia piloto de verificación de la situación de las mujeres presas en Colombia, desde una perspectiva de género con enfoque de derechos humanos, en virtud de un convenio suscrito por la entidad con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). 

Luego de realizar unas consideraciones generales sobre las mujeres privadas de la libertad, el estudio se centró en el análisis de los aspectos relevantes de su vida en prisión.

En noviembre de 2006 habían 3.484 mujeres recluidas en las cárceles colombianas, el 72.16 por ciento de ellas detenidas en 12 prisiones de mujeres y un 27.84 por ciento (cerca de 1000 mujeres) en 50 pabellones femeninos acondicionados en establecimientos de hombres en todo el país.

Un 62 por ciento del total de mujeres privadas de la libertad ocupan una habitación donde duermen cinco o más personas, los servicios sanitarios deben ser compartidos por un alto número de internas y adicionalmente, no existen espacios adecuados para que éstas tomen sus alimentos y reciban las visitas, circunstancias que afectan las condiciones de vida en la cárcel.

Se suma a lo anterior el hecho de que menos del 15 por ciento de los centros penitenciarios cuentan con guardería, lo que representa un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta el número de madres que se encuentran en prisión.

Este diagnóstico exige el diseño de «una infraestructura adecuada, condiciones de habitabilidad dignas, garantías de respeto por el derecho a la intimidad y privacidad de las mujeres, facilidades de higiene y sanitarias para atender las necesidades femeninas Y, acciones concretas para propiciar el acercamiento familiar (.)»

En ese sentido, se espera que en las construcciones de nuevos centros carcelarios, anunciadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se tomen en cuenta las observaciones hechas por los órganos de control, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y por la Procuraduría a través de este informe.

En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, el Inpec debe apropiar los recursos necesarios para dotar a los centros carcelarios, donde se encuentran recluidas mujeres, de los medicamentos requeridos, adelantar campañas de prevención y contratar los servicios de profesionales de la salud. En los lugares donde vivan los hijos o hijas de las internas menores de tres años deberán contratarse los servicios de pediatras.

Sobre los programas de educación y trabajo para las internas, la Procuraduría recomendó hacer una revisión a la legislación penitenciaria y efectuar cambios en esta materia que permitan que la educación y el trabajo brinden las mismas posibilidades de redención de pena y evitar así que abandonen las alternativas académicas a cambio de las actividades laborales, que además, deberán ajustarse a las necesidades de las mujeres en prisión.

En cuanto a la política criminal y penitenciaria se reiteró el llamado hecho por el Procurador a las autoridades judiciales «para que hagan especial uso de las medidas sustitutivas de prisión cuando las personas procesadas o condenadas cumplan con los requisitos objetivos señalados en la ley (.), para racionalizar el uso de la detención preventiva y resolver, en el marco de un plazo razonable, la situación de las personas sindicadas que se encuentran detenidas».

Así mismo, se recomendó a las autoridades judiciales « la inclusión de un análisis con perspectiva de género, que contribuya a evitar que en la administración de justicia se refuercen los estereotipos de género inoperantes en la sociedad".

Durante el proyecto «se evidenciaron criterios encontrados en la aplicación del principio de favorabilidad por parte de algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en cuanto a la rebaja de penas para quienes se acogieron a sentencia anticipada o aceptaron unilateralmente cargos antes y después de la implementación del sistema acusatorio».

Existen además vacíos en la normatividad interna y por ello, se recomienda al Inpec y a al Ministerio del Interior y de Justicia adelantar una revisión a las disposiciones vigentes en la materia, específicamente en lo que tiene que ver con los parámetros de clasificación a las mujeres detenidas; precisión en la definición y categorización de los establecimientos de reclusión; desarrollo y reglamentación sobre las condiciones, requerimientos y facilidades de las guarderías para los hijos e hijas menores de tres años de las internas y el rol de la guardia masculina en los establecimientos femeninos, principalmente.

Se observa que no existen mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional para velar por la atención y el respeto de las internas y en esa medida, es urgente que las entidades del Estado, diseñen e incorporen sistemas de información idóneos y adopten políticas con perspectiva de género.

La Procuraduría General de la Nación , desde el ámbito de su competencia, hará un seguimiento a las recomendaciones formuladas a las instituciones del Estado con responsabilidades en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas en la materia.