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Comunicado

Bogotá, 1 de febrero de 2007. El Procurador General de la Nación lamenta profundamente el asesinato de la señora Yolanda Izquierdo, líder de las víctimas del delito de desplazamiento forzado y de la Organización Popular de Vivienda (OPV), en el departamento de Córdoba y presenta a nombre del Ministerio Público condolencias a su familia y en general a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Reitera su llamado al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que se de inmediata prioridad al diseño e implementación de un programa de protección para esas víctimas, que han cifrado sus expectativas de verdad, justicia y reparación en el proceso que actualmente se adelanta en cumplimiento de la Ley 975 de 2005, aceptando que se impongan penas alternativas a los desmovilizados que confiesen sus delitos y contribuyan al desarme y desmantelamiento de grupos armados organizados al margen de la ley.

Los hechos ocurridos en los últimos meses, cuando al menos seis víctimas del conflicto han sido asesinadas, menoscaban la confianza en el proceso y ponen en entredicho su futuro, por eso es necesario que la sociedad aúne esfuerzos para protegerlas y brindarles las garantías necesarias.