INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 025

Confirman sanción contra asesor de Ministerio de Protección por conflicto de intereses

Bogotá, sábado 27 de enero de 2007. La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción impuesta contra el ex Coordinador del Grupo Defensoría Legal de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de Protección Social, Henry Andrey González Sarmiento, por haber violado el régimen de inhabilidades.

El señor González Sarmiento fue encontrado responsable por prestar sus servicios profesionales con una entidad privada que estaba relacionada con las funciones que desarrolló en el Ministerio de la Protección Social.

Según el ministerio público, el disciplinado Henry Andrey González Sarmiento, durante una licencia no remunerada concedida por el Ministerio de la Protección Social, se desempeño como trabajador asociado de una cooperativa, ejerciendo labores de apoyo técnico operativo y administrativo en diferentes procesos administrativos, en una empresa aérea que demandó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cuyo apoderado de la Nación fue el sancionado abogado González Sarmiento.

Para la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, el disciplinado violó el artículo 35 numerales 22 y 25 de la Ley 734 de 2002, que prohíbe al servidor público prestar servicios, representar, asistir, gestionar directa o indirectamente o en representación de terceros en asuntos propios de las funciones del cargo dentro del año siguiente a que cese su vinculación como servidor público, máxime cuando la empresa aérea es sujeto de control y vigilancia por parte del Ministerio de la Protección Social y había tenido relaciones jurídicas en actuaciones administrativas y judiciales con la entidad estatal.

En el fallo de segunda instancia considera la Procuraduría que tratándose del ejercicio de la abogacía (y el doctor Henry González tiene la calidad de abogado y como tal ejercía en el Ministerio de la Protección Social) la ley expresamente ha prohibido el ejercicio de esta profesión, al abogado que esté vinculado con el sector público, sin hacer distinción en las funciones concretas que realice, es una prohibición absoluta, así los horarios no se crucen, y de manera expresa dicho ejercicio genera una incompatibilidad.