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PGN evidencia fallas en los indicadores presentados por las entidades públicas que conforman el Snaipd para medir cumplimiento de sus obligaciones con la población desplazada

Bogotá, 22 de enero de 2006. La Procuraduría General de la Nación evidenció fallas protuberantes en los indicadores aplicados por algunas de las entidades públicas para hacer seguimiento y control al cumplimiento de sus obligaciones en relación con el desplazamiento forzado.

Las observaciones fueron consignadas en un informe rendido a la Corte Constitucional sobre la pertinencia, utilidad y claridad de los indicadores presentados y propuestos por las entidades públicas para medir los resultados de su gestión frente a la problemática del desplazamiento.

Tras revisar los instrumentos de medición presentados por las instituciones en lo que tiene que ver con el componente de prevención y protección se observa que algunos de éstos no permiten establecer avances y retrocesos en la satisfacción de los derechos de población desplazada.

Es el caso de los instrumentos utilizados por el Ministerio del Interior para determinar las medidas de protección otorgadas a la población, y el indicador relacionado con el « plan integral para la atención a la población indígena en alto grado de vulnerabilidad y riesgo formulado y aprobado», pues a través de éstos no es posible determinar la eficacia ni la progresividad en la aplicación de estas acciones.

Adicionalmente, se detectaron deficiencias en los indicadores utilizados por Acción Social, el Incoder, Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia de la República.

La Procuraduría considera pertinente que los indicadores formulados por las entidades públicas concernidas para medir los planes de acción, prevención y protección para comunidades en riesgo, den cuenta de la relación entre la demanda del derecho y la cobertura del mismo por parte de la entidad responsable en cada caso.

En lo que tiene que ver con atención humanitaria de emergencia se encontraron distintas fallas en los instrumentos propuestos y aplicados para medir este componente.

En ese sentido se concluye que la batería de indicadores presentados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la población Desplazada (Snaipd), no es apropiada, pues no permite establecer si se ha superado la situación de riesgo y si con la población recientemente desplazada el Gobierno ha superando su situación de vulnerabilidad.

Llama la atención que los indicadores presentados por Acción Social en este componente no dan cuenta del número de personas beneficiadas con los programas, tampoco permiten establecer si se están suministrando todas y cada una de las ayudas, la calidad y la entrega oportuna de éstas.

Respecto al componente de estabilización económica la Procuraduría recomendó nuevamente a las entidades competentes diseñar indicadores que permitan efectuar un seguimiento y control a cada proceso, establecer el avance de cada uno de éstos de tal forma que se pueda medir la realización efectiva de los derechos de la población desplazada.

Finalmente, se analizaron algunos indicadores denominados indicadores transversales, es decir que están presentes en todas las fases de atención a la población desplazada.

En este sentido, formuló cuestionamientos a los indicadores propuestos por Acción Social, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, a la Vicepresidencia de la República y a todas las entidades del SNAIPD, en lo que se refiere a su participación en mesas de atención humanitaria y estabilización socioeconómica.

Por último la Procuraduría anunció que concertará reuniones de coordinación con la Defensoría del Pueblo «para lograr un mayor alcance combinando las ventajas comparativas que brindan las competencias de estas dos entidades del ministerio público».