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PGN protege derechos de las personas a la libertad de conciencia y de religión

Bogotá, 19 de enero de 2007. En ejercicio del control preventivo y con el ánimo de garantizar la libertad religiosa y de cultos, el Procurador General de la Nación impartió instrucciones a los procuradores regionales, distritales y provinciales para garantizar el respeto de la libertad religiosa y de cultos por parte de las autoridades públicas del país.

El Procurador recordó que de conformidad con la Constitución Nacional y la ley 133 de 1994, la libertad de cultos comprende los siguientes elementos:

• La libertad de profesar cualquier creencia religiosa libremente escogida, de de cambiar de religión o de no profesar ninguna.
• La posibilidad de practicarla sin perturbación o coacción externa, de realizar actos de oración y de culto, de recibir asistencia religiosa de la propia confesión en cualquier lugar, incluso los de reclusión, cuarteles y centros médicos, de conmemorar festividades, de recibir sepultura digna conforme a los ritos y preceptos de la religión del difunto y a sus deseos o a los de su familia.
• El derecho a contraer matrimonio y a establecer una familia conforme a la religión que se profesa y a sus normas, de recibir e impartir libremente educación religiosa o de rehusarla, de determinar, de conformidad con la propia convicción, la educación de los hijos menores o la de los incapaces bajo su dependencia.

En ese sentido, la Procuraduría adelantará un especial seguimiento al cumplimiento de los deberes de garantía y respeto del derecho a la libertad religiosa y de cultos en centros educativos, hospitalarios, asistenciales y carcelarios del Estado.

Esa vigilancia se ejercerá de manera especial en las Secretarías de Educación que deberán garantizar que a todos los estudiantes y sus familias se les respeten y garanticen dichos derechos, lo cual implica que no se podrá obligar a los menores de edad a recibir una educación religiosa diferente a la que profesan sus familias.

Por último se impartieron instrucciones para monitorear y verificar la labor del Ministerio del Interior, entidad encargada de otorgar las personerías jurídicas a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y confederaciones y asociaciones de ministros que lo solicitan.