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PGN exhortó a la Defensoría del Pueblo a priorizar su asistencia a las víctimas de grupos armados que se acogieron a la Ley de justicia y paz

Bogotá, 10 de enero de 2007. La Procuraduría General de la Nación exhortó a la Defensoría del Pueblo para que conforme un grupo especial de defensores públicos que asista de manera prioritaria a las víctimas de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz.

En carta enviada por el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, al defensor del pueblo, Wolmar Pérez Ortiz, anotó que en desarrollo de las diligencias de versión libre que se adelantan en Medellín y Cali, el ministerio público ha tenido conocimiento de que numerosas víctimas de estos grupos armados se han presentado ante la Fiscalía sin contar con representación judicial.

El titular del ministerio público advirtió que, ante tal situación, la Fiscalía solicitó la designación de defensores públicos y que, frente a este requerimiento, funcionarios de la Defensoría del Pueblo respondieron que ese derecho se presta a solicitud del interesado, previo diligenciamiento de un formato sobre la actividad socieconómica del usuario, toda vez que el sistema está diseñado para proporcionarse «exclusivamente» a las personas que no tienen recursos para sufragar los gastos que implica un abogado de confianza.

La Defensoría argumentó, además, que al no existir la solicitud de servicio de defensoría pública proveniente de las víctimas, técnicamente es imposible designar defensor público y que es necesario contar con un poder debidamente diligenciado, otorgado por el solicitante, así como una entrevista previa.

El Procurador anotó que en reiteradas ocasiones ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo dicha situación, y exigió la creación de un grupo de trabajo encargado –entre otras funciones – de la de representar judicialmente a las víctimas y de asesorarlas y orientarlas en la reclamación de sus derechos.

Para el ministerio público la singularidad del proceso de judicialización de la población desmovilizada impone considerar que éste se adelanta en el marco de un proceso de justicia transicional, el cual indica que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, reclaman del Estado colombiano y en particular de la Defensoría del Pueblo, prevalencia y prioridad.

El jefe del ministerio público reiteró la necesidad de diseñar un programa especial que garantice el derecho a una oportuna y diligente representación judicial, la cual le corresponde brindar a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.