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La ley no puede limitar el respeto al DIH y debe garantizar la humanización del conflicto armado

Bogotá, lunes 8 de enero de 2007. Los Códigos Penal y Penal Militar deben reflejar los convenios y protocolos firmados por el estado colombiano en defensa de la población civil, el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y garantizar la humanización de los conflictos armados internacionales o internos.

Así lo conceptuó la Procuraduría General de la Nación al solicitar a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de expresiones contenidas en articulados de las Leyes 599 de 2000 y 522 de 1999, relacionadas con los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el DIH.

El ministerio público en defensa del principio de distinción pidió mantener la expresión «combatientes» contenida en el artículo 35 de la Ley 599/00, bajo el entendido de que la persona que por cualquier causa ha dejado o entregado las armas luego de haber participado directamente en las hostilidades, se convierte en no combatiente y adquiere el derecho de quien no hace parte del conflicto armado por cuanto no representa amenaza para la otra fuerza.

Frente al artículo 148 de la Ley 599 que señala que incurre en el delito de toma de rehenes «el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa», el Procurador solicitó declarar inconstitucional la expresión «a la otra parte », pues considera que la toma de rehenes debe ser considerada delito, independientemente si las exigencias que pretenden obtener una ventaja militar se le hacen a la otra parte, a organizaciones internacionales, o a personas naturales o jurídicas.

La PGN también pidió la inconstitucionalidad del artículo 156 de la ley 599 de 2000 por considerar que permite a los miembros de cualquier parte del conflicto utilizar bienes culturales, arqueológicos y lugares de culto que no tienen emblema o identificación, para el almacenamiento de material militar, o para realizar actividades directamente relacionadas con operaciones militares o acantonamiento de tropas.

El artículo 157 de la misma ley también fue considerado inexequible, pues para la Procuraduría General de la Nación, la protección se debe ampliar a presas, diques, centrales nucleares, de energía eléctrica e infraestructuras que puedan ser objeto de ataque, de tal forma que genere la pérdida de bienes, el desplazamiento e incluso afecte la integridad personal de la población civil.

Al respecto el Ministerio Público recordó que ninguno de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra avala, autoriza, tolera o excusa el ataque contra bienes que constituyan el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos, ni permite su utilización en apoyo del esfuerzo militar en ningún evento. Además la señalización de esta clase de bienes es facultativa mas no imperativa.

Finalmente la Procuraduría solicitó la inexequibilidad del articulo 179 de la ley 522 de 1999, que entrega a la jurisdicción penal militar la competencia para conocer del delito denominado «contribuciones ilegales», pues considera que la redacción de ese ilícito impide determinar si esta conducta puede o no derivarse del ejercicio de la función militar o policial asignada por la Constitución, por lo tanto no hay claridad sobre la pertinencia de incluirlo en el fuero castrense.