INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN DE NOTICIAS 397

Mediante fallo de única instancia, Procuraduría destituye al general (r) Leonardo Gallego

Bogotá, 9 de noviembre de 2006. El Procurador General de la Nación (e) destituyó e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos al Brigadier General (r) José Leonardo Gallego Castrillón, en su condición de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por omisión en el cumplimiento de sus funciones y la consecuente infracción al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la operación Mariscal.

La sanción también cobija al coronel (r) de la Policía Nacional, Alvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de esa institución para el año 2002.

Concluye la investigación que el Brigadier General omitió impartir las ordenes precisas y adoptar los medios y métodos para proteger de manera efectiva la población civil no combatiente de la Comuna 13, en desarrollo de la operación Mariscal el 21 de mayo de 2002.

La Procuraduría comprobó que la Fuerza pública se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo una disciplina de fuego, se presentó un cruce indiscriminando de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes.

Lo anterior ocasionó la grave vulneración de los derechos de los pobladores de esta zona de Medellín: 9 personas muertas, dentro de las cuales se encontraban menores de edad, 38 civiles heridos, 7 miembros de la fuerza pública lesionados, 41 personas detenidas y numerosos allanamientos ilegales.

Se estableció además que el objetivo de la operación Mariscal era contrarrestar la hegemonía de las organizaciones delincuenciales que operaban en la Comuna Trece y estaba orientada a lograr la captura de milicianos de las organizaciones al margen de la ley de las FARC, EPL, ELN y AUC; sin embargo, la Jefe de Fiscales Delegados ante la Unidad de reacción inmediata expidió 34 órdenes de capturas contra ciudadanos sindicados de los delitos de inasistencia alimentaria, estafa, falsedad en documento y hurto agravado y calificado, entre otros.

Los allanamientos realizados fueron fallidos, otros no se realizaron, algunas de las personas con orden de captura ya habían sido privadas de la libertad, otras no residían allí o las viviendas estaban desocupadas, y algunas habían fallecido.

Así mismo se desconoció el principio de proporcionalidad al no haber una clara adecuación entre el fin buscado y los medios utilizados para ello, no se evitó la utilización de medidas excesivas que causaran daños innecesarios a la integridad de personas y a sus bienes.

Dentro del fallo de única instancia se absolvió de los cargos formulados al mayor (r) de la Policía Nacional, Jhon Jairo López Valencia, comandante del Quinto Distrito de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y jefe de los grupos de apoyo y asalto, con sede en Medellín, para la época de los hechos y al mayor de la Policía Nacional, Luis Francisco Mariño Florez, jefe del Área de delitos contra la vida e integridad de la Sijin (Medellín).