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Investigación formal a militares por supuestos falsos positivos

Bogotá, 12 de octubre de 2006. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra seis miembros de las Fuerzas Militares, relacionados con actos terroristas presuntamente "montados" en los meses de julio y agosto pasado.

Los oficiales investigados son el Mayor Javier Efrén Hermida Benavides y el  Capitán Luis Gerardo Barrero Calderón miembros de la jefatura de inteligencia y contrainteligencia Militar Conjunta; el Coronel Horacio Arbeláez Sarmiento Director de la Central de Inteligencia Conjunta; el Coronel Juan Carlos Forero Linares Director Administrativo, el Capitán Sáulo Antonio Neira González Oficial de Control de Gastos Reservados; el Coronel Juan Carlos Estevez Pinzón Comandante del Batallón de Infantería N. o 38 Miguel Antonio Caro.

Al Mayor Hermida y al Capitán Barrero, se les investigará su presunta participación en los supuestos "montajes". Al Coronel Arbelaez porque  como jefe de los anteriores pudo tener conocimiento de los hechos que se le imputan; además porque pese a las informaciones oficiales sobre la no confiabilidad de los datos entregados por Lidia Alape Manrique, alias "Jessica",  cancelaron dineros por la información suministrada por ella.  Esta última imputación  también se les hizo al Coronel Forero y al Capitán Neira.

Al Coronel Estevez, se le investiga por las inconsistencias relacionadas con la incautación de una camioneta con explosivos en la jurisdicción del municipio de Sibaté.

La Procuraduría General de la Nación considera que las supuestas faltas que se les imputan a los uniformados tienen el carácter de  "gravísimas" y graves.

El proceso que se inició al conocerse informaciones periodísticas publicadas el pasado 8 de septiembre, está a cargo de una comisión especial conformada por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que ordenó la práctica de nuevas pruebas.

Finalmente, la comisión compulsó copias para investigar independientemente las denuncias sobre supuestos montajes de desmovilizaciones de miembros de grupos subversivos y el suministro de armas por parte de internos del establecimiento penitenciario y carcelario de La Picota.