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Procuraduría mantiene seguimiento a atención de la población desplazada

Bogotá, domingo 26 de diciembre de 2004. En cumplimiento de su labor de seguimiento y control preventivo y disciplinario a la atención y restablecimiento de derechos de los desplazados en el país, la Procuraduría General de la Nación, ha venido informando reiteradamente, como lo exige la ley, sobre los mínimos de protección establecidos para esta población.

Desde hace tres años el Ministerio Público viene desarrollando una estrategia dirigida a crear, con el apoyo de organismos de cooperación internacional, especialmente de Acnur, mecanismos técnicos para ofrecer soluciones a este fenómeno.

También en conjunto con la Defensoría del Pueblo, el ente de control ha presentado varios informes que han servido de base a la Corte Constitucional para evaluar el cumplimiento de la sentencia T-025/2004 emitida por la misma Corporación.

Dicha sentencia, en su numeral 21, comunica el fallo al Procurador General de la Nación para que su despacho realice el seguimiento necesario, en la órbita de sus competencias, lo cual coincide con las actuaciones que en esta materia ya venía adelantando la entidad.

El análisis de la situación del desplazamiento forzado en Colombia realizado por la Procuraduría, tiene como base las diferentes reuniones con organizaciones de este grupo poblacional y las mediciones producto de la aplicación de su Modelo de Seguimiento y Evaluación a todas a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada.

Sus resultados denotan cumplimientos que oscilan entre 7 y 44%, en departamentos como Santander, Bolívar y Atlántico en lo que respecta a la ayuda humanitaria, que es la primera que se brinda al desplazado como mínimo para su subsistencia.

En lo relativo a los derechos a la vida, la dignidad y la integridad física entre otros, el Ministerio Público advierte sobre ciertas deficiencias por parte de las distintas estatales concernidas, por lo que adelantará las acciones correspondientes para garantizar su protección

Adicionalmente, la exigencia a las entidades territoriales de destinar partidas presupuestales suficientes para atender ese fenómeno y a la Red de Solidaridad de cumplir en su totalidad con el ordenamiento jurídico sobre atención a la población desplazada, son algunas de las actuaciones realizadas por la Institución y ya fueron expuestas en una comunicación enviada al Presidente de la República el pasado mes de febrero.