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En firme destitución e inhabilidad de 15 años al ex ministro Londoño

Bogotá, 23 de diciembre de 2004. En firme y ejecutoriada quedó la decisión proferida por el Procurador General, Edgardo Maya, contra el señor Fernando Londoño Hoyos, por medio de la cual lo destituye del cargo que ocupó como Ministro del Interior y Justicia en el actual gobierno.

El ex funcionario queda inhabilitado durante 15 años para contratar con el Estado y ejercer cualquier función pública.

La Procuraduría General de la Nación consideró que el señor Londoño Hoyos abusó de sus poderes como Ministro del Interior y Justicia e incurrió en conflicto de intereses al gestionar ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías, el pago de una cuenta a favor del consorcio italiano Recchi, por valor de 13.958 millones de pesos, la cual fue efectivamente cancelada posteriormente a la gestión, por el Estado colombiano.

Londoño Hoyos había actuado como apoderado del consorcio en 1997 en el conflicto surgido entre la empresa y el Gobierno Nacional y posteriormente también sugirió la conformación del Tribunal de Arbitramento en el cual fue condenado el Estado a pagar la respectiva suma cuya cancelación gestionó siendo ministro.

Por su gestión, el ex Ministro recibió la suma de 74 millones de pesos a título de honorarios.

La prueba principal es la carta que como Ministro del Interior y Justicia le dirige en agosto de 2003 al Embajador de Italia en Colombia, en la cual afirma: "He estado muy pendiente de la evolución que tenga en el Ministerio de Obras Públicas la muy legítima aspiración del Consorcio Recchi - GLF, para que se le pague la deuda pendiente por la liquidación del contrato para la construcción del tercer tramo de la carretera Bogotá - Villavicencio.

El señor Ministro de Obras me ha hecho saber que ha agotado todos los esfuerzos a su alcance para cubrir esta obligación y que tiene contacto permanente con los constructores para zanjarla a la mayor brevedad. Mucho le agradecería que me hiciera saber si la firma italiana se encuentra satisfecha con los resultados de estas gestiones, pues que no tendré inconveniente en persistir en ellas si fuere del caso".

Se evidenció con esta comunicación que el entonces ministro, intervino ante su par de la cartera de Transporte y ante el Invías para que cancelaran la deuda, lo que aparece demostrado en pruebas documentales.

Al hacerlo actuó por fuera de su marco funcional pues resulta claro que el manejo de las relaciones internacionales es función exclusiva del Presidente de la República y de su ministro de Relaciones Exteriores, actuando arbitrariamente, toda vez que entre sus deberes no estaba el gestionar pagos a contratistas internacionales y menos a aquellos a quienes en épocas anteriores recientes apoderó judicialmente, lo que desvirtuó su argumento de que actuaba en "defensa judicial de la Nación" pues actuó "pero para salvaguardar los intereses del Consorcio mencionado".

De hecho sus gestiones provocaron que cinco meses después, el Invías expidiera la Resolución No. 5257 que ordenó iniciar el pago de lo adecuado.

El Código Único Disciplinario señala que es falta gravísima "actuar u omitir a pesar de la existencia de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales".

Las faltas gravísimas tienen como sanción principal la destitución del cargo y la inhabilidad general mínima de 10 años y máxima de 20 años.

La falta disciplinaria fue cometida a título de dolo, pues por sus condiciones personales y profesionales, el señor Londoño Hoyos tenía conocimiento de la normatividad y actuó así pese a que "debía dar el máximo ejemplo de moralidad, transparencia e imparcialidad".

El abuso de autoridad está incluido en el código penal en el capítulo sobre delitos contra la administración pública, por lo que adicionalmente la Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

NOVIEMBRE
16 Destituido e inhabilitado por 15 años ex ministro Fernando Londoño por abuso de autoridad y conflicto de intereses
Boletín 381