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Procuraduría demandará elección del nuevo comisionado de televisión

Bogotá, 21 de diciembre de 2004. Por considerar que existen serios vicios de nulidad, la Procuraduría General de la Nación demandará la elección del nuevo miembro de la Comisión Nacional de Televisión, Fernando de Jesús Álvarez Corredor.

Así lo determinó el Ministerio Público luego de realizar un seguimiento al proceso, basado en el análisis de las denuncias presentadas sobre la real composición de las asociaciones que participaron en la selección de los representantes que posteriormente elegirían al Comisionado y que motivaron las acciones preventivas realizadas antes de la elección por la Procuraduría.

La impugnación se presentará ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues existiría una inhabilidad del señor Alberto Pico Arenas, representante del grupo de directores y libretistas, para ser elegido 'Elector' y participar en el proceso final que culminó con la elección del señor Álvarez Corredor como nuevo Comisionado, hecho que denota la evidencia de vicios de nulidad en ambos procesos.

Así las cosas, la Procuraduría no sólo impugnará los dos Actos de Elección, sino que también coadyuvará las demandas que en ese sentido se presenten, teniendo en cuenta que aún antes de la elección, había advertido sobre el impedimento del señor Pico Arenas por su relación de parentesco con el señor Efraín Alexis Pico Castillo, representante legal del Club de Televidentes y Servicios Comunitarios del Municipio de Malambo.

De igual forma, en su oportunidad, la Procuraduría solicitó la intervención del Ministerio de Comunicaciones y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus funciones, para verificar lo concerniente a la composición de las agregaciones.

Incluso sugirió la necesidad de aplazar la elección programada para el 13 de diciembre, hasta tanto se aclararan las denuncias presentadas, pero dichas autoridades continuaron con el desarrollo del proceso y expresaron que a la luz del Código Electoral, no estaban facultadas para la suspensión o aplazamiento de la elección.

Adicionalmente, el Ministerio Público vigilará el proceso de elección programado para el próximo mes de abril, para el cual verificará cada una de las representaciones y los documentos que se aporten, con el fin de garantizar una "enorme transparencia y que desde luego haya las controversias que puede haber en cualquier elección, pero que la decisión no cree tantos cuestionamientos como reiteradamente se han hecho en este aspecto".