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Sancionado director de la Corporación Autónoma regional del Atlántico en fallo de primera instancia

Bogotá, domingo 19 de diciembre de 2004. La Procuraduría General de la Nación sancionó con multa equivalente a siete meses de salario devengado para la época de los hechos, es decir, más de 22 millones de pesos, al Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., Raúl Arturo Tarud Jaar, por conformación de nómina paralela.

De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario celebró indiscriminadamente contratos de prestación de servicios, algunos de ellos para actividades no requeridas en la Corporación, con personas naturales que ejercían funciones públicas y administrativas de tiempo completo en las oficinas de la entidad, sobrepasando cuatro veces más la nómina del personal de planta que asciende sólo a 26 personas.

Las órdenes de servicio, eran renovadas mensualmente, evadiéndose no sólo la obligación de solicitarles a los contratistas las afiliaciones a pensiones, sino de exigirles previo a la suscripción, el certificado de antecedentes disciplinarios, con lo que según la Procuraduría, se desconoce el principio de transparencia y el deber de Selección Objetiva, pues no se efectuaba tampoco un análisis de idoneidad para realizar las labores encomendadas.

La investigación establece además que las personas contratadas cumplían un horario de trabajo y estaban bajo la subordinación de los respectivos jefes, lo que les restaba autonomía.

Considera en este sentido el Ministerio Público, que esto atenta contra el patrimonio público, ya que hacia el futuro es posible que la Corporación sea objeto de cuantiosas demandas por parte de los contratistas, puesto que se desconocen, los "principios de la contratación estatal y de la función administrativa como son moralidad, economía, imparcialidad, eficiencia e igualdad".

De manera adicional, Tarud Jaar utilizó indebidamente unos recursos que estaban destinados específicamente a inversión dentro del proyecto de fortalecimiento institucional, para pagar unos gastos de funcionamiento.

Así mismo, el funcionario incumplió la ley de contratación al celebrar contratos por cuantías superiores a lo establecido en el presupuesto de la entidad para la vigencia 2003.