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Procuraduría advierte sobre impacto ambiental de la industria cementera en informe de control de gestión

Bogotá, 12 de diciembre de 2004. Según un informe realizado por la Procuraduría General de la Nación, algunas Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, omiten la normatividad vigente relacionada con la protección y control de la calidad del aire en el país, especialmente en su obligación de seguimiento a la actividad cementera.

Atendiendo al diagnóstico determinado, el organismo de control solicitó a las autoridades ambientales que han concedido Permiso de Emisión Atmosférica a diferentes industrias de este tipo a nivel nacional, que adopten las medidas correctivas pertinentes sobre el impacto ambiental de las mismas e informen a la Procuraduría.

El Informe “ Impacto Ambiental de la Industria Cementera en Colombia” verifica la información remitida a las Corporaciones por 17 fábricas de cemento, ubicadas en nueve departamentos del país y recoge los estudios isocinéticos de calidad de aire y de dispersión de contaminantes atmosféricos de estas plantas, correspondientes a los años 2002 y 2003.

La información, presentada por las Corporaciones a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, deja en claro que la mayoría de las instalaciones industriales de cemento, al igual que las entidades encargadas de su vigilancia, incumplen con sus obligaciones y deberes en lo que respecta a los Estudios Técnicos de Dispersión, como requisito obligatorio para obtener el Permiso de Emisión Atmosférica.

Así mismo, establece el informe de la delegada del Ministerio Público, que los estudios no permiten identificar el estado real de las emisiones de estas plantas y su impacto ambiental en el área de influencia.

De acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 948 de 1995), las fábricas de cemento deben presentar de manera periódica dichos estudios, ya que a través de éstos, es posible conocer el control que sobre el recurso aire hacen las autoridades ambientales.

Considera la Procuraduría que en el caso de que las investigaciones sean realizadas por las industrias directamente, las Corporaciones deberían corroborar la información presentada, pues “ninguna autoridad ambiental debe sustraerse y ser permisible sobre el seguimiento y evaluación que se debe efectuar sobre la efectividad de las normas sobre aire, de evaluar su cumplimiento y adoptar las decisiones a que haya lugar”.

Para ello se tiene en cuenta el alto consumo de carbón de las plantas, ya que en ocasiones, en el área de influencia, existen zonas con población bastante significativa que presentan riesgo potencial de ser afectadas por las emisiones de las mismas.

Esta petición obedece a labor de auditoría que ejerce el Ministerio Público sobre las Corporaciones, cuyo objetivo primordial es verificar si los estudios realizados cumplen a cabalidad con la ley y se ajustan a las metodologías de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USA/EPA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Para el año 2005, la Procuraduría recomendó que tanto el sector industrial cementero, como las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, adelanten el proceso de implementación de las Normas de Calidad de Aire, para no pasar por alto el ordenamiento legal vigente.