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Sancionados miembros del Ejército Nacional en fallo de primera instancia

Bogotá, domingo 5 de noviembre de 2004. La Procuraduría General de la Nación sancionó, con separación absoluta de las Fuerzas Militares, a dos miembros del Ejército Nacional, Humberto de Jesús Blandón Vargas y Sandro Fernando Barrero, por omisión en los hechos que rodearon la masacre ocurrida en cercanías de la Finca La Galleta, jurisdicción del municipio de Montebello, Antioquia, en enero del año 2000, cuando murieron cuatro personas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los servidores no actuaron dentro de la normativa constitucional y legal ante los hechos acaecidos en las veredas de Sabanitas y San Antonio, a pesar de encontrarse frente a los cadáveres de dos de los cuatro ciudadanos asesinados por el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, por considerarlos presuntos colaboradores de la guerrilla.

Así mismo, se aplicó la sanción teniendo en cuenta que los uniformados hicieron aparecer a las víctimas como miembros de la subversión y los reportaron como muertos en combate, porque presuntamente iban a volar la torre de energía eléctrica de ISA, ubicada en la Vereda la Chapa del Municipio del Carmen de Viboral, sin que ello fuera cierto.

De igual forma se estableció que estos miembros de la fuerza pública, integrantes de la Oficina de Inteligencia “S2” del Batallón “Juan del Corral”, tenían relación con los grupos de Autodefensas que militan en esa zona y a quienes se les atribuye el hecho.

Considera entonces la Procuraduría, que deliberadamente los señores Blandón y Barrero omitieron reportar los cadáveres a la autoridad competente para el levantamiento de los mismos y la inspección judicial del escenario de los hechos, es decir, no realizaron las diligencias que de ellos se esperaba como funcionarios públicos, violando así la dignidad del ser humano.

La falta de los suboficiales fue calificada como gravísima y se les atribuyó a título de dolo ya que “conocían, comprendían y volitivamente querían, la realización de los hechos, habiendo con plena conciencia de la ilegalidad por la defraudación de los deberes respecto de las acciones”.