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Inconstitucionales decretos que reformaron ley estatutaria de la administración de justicia en concepto de la Procuraduría

Bogotá, 2 de diciembre de 2004. El Presidente de la República se excedió en el uso de las facultades extraordinarias al modificar mediante decretos la "Ley Estatutaria de la Administración de Justicia".

En concepto de la Procuraduría, las facultades conferidas al Jefe de Gobierno, mediante el acto Legislativo N° 3 de 2002, para implementar el nuevo sistema penal, fueron excedidas en la medida que las modificaciones introducidas a la Ley 270 de 1996 no se relacionan con la implementación del mencionado sistema.

Teniendo en cuenta el contenido de los mencionados decretos, la Procuraduría consideró que la Corte es competente para conocer de ellos y que el control sobre los mismos debe ser integral.

Por lo anterior, el Ministerio Público le solicitó declararse inhibida para pronunciarse sobre la demanda presentada contra dos artículos del Decreto 2637 de 2004, corregidos posteriormente mediante el Decreto 2697 del mismo año para que el Presidente de la República envíe el texto completo de los mismos para hacer el análisis integral de constitucionalidad.

Los Decretos demandados permiten entre otras cosas que la Corte Suprema de Justicia, cuando lo considere pertinente, se organice en salas de decisión integradas por tres magistrados y que los procesos judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios de la Rama Judicial, sean conocidos y fallados por salas de conjueces nombrados por el Procurador General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría solicitó a la Corte que de no aceptar declararse inhibida, declare la inconstitucionalidad de los artículos demandados, por cuanto el contenido de los mencionadas normas son medidas tendientes más a descongestionar los despachos judiciales que a implementar y desarrollar el mencionado sistema.

Vale la pena advertir que para la Procuraduría si bien las medidas adoptadas pueden ser útiles para solucionar parte de la crisis que vive la administración de justicia, el procedimiento mediante el cual se adoptaron no se ajusta a las normas constitucionales, pues se desconocieron las facultades del Congreso de la República para expedir, modificar y derogar leyes estatutarias y del Consejo Superior de la Judicatura para implementar mecanismos de descongestión.