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Confirmada destitución del secretario de seguridad de la Presidencia de la República por interceptaciones ilegales de líneas telefónicas en Medellín

Bogotá, 1 de diciembre de 2004. En firme quedó el fallo de destitución e inhabilidad por cinco años impuesto al Teniente Coronel Mauricio Alfonso Santoyo en su condición de Comandante del Grupo Gaula de la Policía en Medellín entre 1997 y 1999.

La decisión cobija además al Teniente Coronel (r) Germán Eduardo Florez Sánchez, el Capitán Harvey Gerardo Grijalba Suarez, Capitán Nelson Baracaldo Caballero, Capitán César Augusto Pardo Salcedo, Sargento Segundo José Emiliano Piza Reyes, Sargento Segundo Arley de Jesús Durango, Subintendente Bermin de Jesús Patiño Holguín, Dragoniante Wilson Antonio Hernández Aranda y el agente Luis Carlos Álvarez Jiménez, en su condición de integrantes del Grupo Gaula de la Policía Nacional.

Como se recordará la Procuraduría en una visita especial realizada a EPM, en desarrollo de la investigación relacionada con la desaparición de dos miembros de la ONG ASFADDES, encontró cerca de 1.808 interceptaciones ilegales tramitadas sin documentos auténticos por miembros del grupo Gaula de la Policía de Medellín bajo el mando del entonces Teniente Coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco y en asocio de un funcionario de EMP encargado de tramitar las solicitudes de interceptación.

En desarrollo de la investigación se pudo establecer que como respaldo de las interceptaciones se tenían órdenes en las que aparecían falsificadas las firmas de los Fiscales destacados ante el Grupo Gaula de la Policía y en otras oportunidades no existía documento alguno de apoyo; lo que en concepto de la Procuraduría "muchas de las interceptaciones tuvieron como finalidad la búsqueda de resultados operativos positivos sin importar el desprecio por los derechos que cobijaban a las personas afectadas".

Al resolver el recurso de reposición interpuesto por los sancionados, la Procuraduría negó las solicitudes de revocatoria y nulidades presentadas; además declaró la prescripción y el archivo de la acción relacionada con algunas interceptaciones realizadas entre los años 1998 y 1999, sin que esto modificara la sanción impuesta. Esta decisión excluyó al entonces teniente Coronel Santoyo y al Capitán Grijalva quienes en forma expresa renunciaron a la prescripción.

Adicionalmente, revocó el numeral 9° del fallo que había absuelto del cargo endilgado al Sargento Durango, Subintendente Patiño, Dragoniante Hernández y Agente Alvarez "por la omisión de verdad a tramitar en la sala técnica del grupo Gaula de la Policía de Medellín interceptaciones telefónicas con base en solicitudes falsas", declarando probado el cargo, sin embargo, esta decisión no varía ni la naturaleza de las faltas ni la sanción impuesta.

Al señor Jorge Bastidas Abril, funcionario de las Empresas Públicas de Medellín se le confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por 90 días e inhabilidad por el mismo término por la utilización de documentación falsa "con el indigno propósito de interceptar comunicaciones telefónicas privadas".

" En consecuencia no es equivocado afirmar que la conducta de interceptación ilegal de comunicaciones vulnera simultáneamente el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de las comunicaciones, la primera, por la arbitraria injerencia en la vida intima y familiar de las personas al escuchar sus conversaciones y la segunda, por el abuso en el procedimiento de interceptación para obtener información, pruebas o evidencias actuando por fuera del marco legal que regula esta facultad", puntualizó el Ministerio Público.